"También hemos pedido a la CPI que investigue a Uribe en relación con los miles de falsos positivos" porque "el Ejército se dedicó a asesinar personas para mostrar resultados al Presidente de la República, que exigía bajas a los jefes militares a cambio de recompensas, como ascensos y dinero", agrega el letrado, quien recibe a Télam en la sede del Colectivo de Abogados, una organización involucrada en la defensa de los derechos humanos.
"'Esto se medía en litros de sangre', han dicho algunos coroneles procesados por esto y, como las bajas de las guerrillas eran escasas, se dedicaron a reclutar gente pobre ofreciendoles trabajo; gente necesitada, muchachos de entre 18 y 25 años, se los llevaban a otra región, los uniformaban, luego los acribillaban y decían que eran muertos en combate; les ponían armas, propaganda de la guerrilla y hacían el montaje", asegura.
"Nosotros hemos dado cuenta de 3.515 casos ante la CPI, con nombre y apellidos completos; imagínese lo que no hemos podido documentar; hay mucha gente que está en fosas comunes, que aparece como NN, desparecidos, que asesinaron de la misma manera y sus familiares no han reclamado", agrega Pérez Casas.
Para el abogado, Uribe "usaba discursos autoritarios que promovían violaciones de derechos humanos, que promovían ejecuciones", y así como premiaba a los que producían más bajas, "castigaba a los jefes militares que no conseguían matar guerrilleros o frenar ataques de la guerrilla en sus regiones".
"El generaba esta lógica perversa que dio lugar a esta perversidad extrema de las ejecuciones extrajudiciales", subraya, y explica que "estas ejecuciones tradicionalmente las han cometido y las siguen cometiendo contra defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, populares, indígenas, campesinos, por sus reivindicaciones sociales".
"Aquí ya no se trataba de eliminar o exterminar a un 'enemigo del Estado', sino de asesinar personas para sumar cuerpos y cobrar recompensas; al soldado que mataba a alguien le daban una semana de vacaciones, al capitán de la compañía una condecoración, un ascenso o gastos reservados para, supuestamente, pagar informantes", detalla Pérez Casas.
"Una perversidad que se extendió a lo largo de toda la cadena de mandos, por eso también denunciamos la responsabilidad del alto mando militar", pues "en todas las brigadas del país, salvo una, hubo casos de falsos positivos", remarca.
Sin embargo, a pesar de la documentación presentada, el representante del Colectivo de Abogados no avizora una condena de la CPI para el expresidente.
"Uribe ha sido uno de los aliados más importantes del gobierno de Estados Unidos, que lo sigue protegiendo pese a que lo conoce muy bien, conoce toda su trayectoria política, todos los apoyos irregulares que ha recibido, que fue electo y reelecto con los votos de las mafias y los paramilitares, todo, pero ha sido un hombre dócil a las políticas norteamericanas y eso lo premian", sostiene Pérez Casas.
La tercera denuncia es por el crimen de persecusión política. "Uribe, durante sus ocho años de gobierno, persiguió sistemáticamente a cualquier opositor, a cualquier defensor de derechos humanos, a cualquier periodista que criticara su gestión", lo que incluye al Colectivo de Abogados, asegura.
Pérez Casas afirma que Uribe persiguió a académicos "por hacer informes objetivos sobre la realidad del país y, lo más grave de todo, terminó persiguiendo a magistrados de la Corte Constitucional que no estaban de acuerdo con su reelección y a magistrados que estaban procesando a sus amigos paramilitares y parapolíticos". Y esa persecusión implicó asesinatos, recalca.
"Logramos que se condenara a 25 años de prisión a su amigo Jorge Noguera, director del servicio de inteligencia del Estado, el DAS; Uribe decía que metía las manos al fuego por Noguera y está condenado por haber contribuído al asesinato de un defensor de derechos humanos, profesor universitario, Alfredo Correa de Andreis, y por haber puesto la inteligencia del Estado al servicio de las mafias y del paramilitarismo, según admitió la Corte", detalla el abogado.
"Hemos documentado que se han producido asesinatos de dirigentes sindicales y politicos, acompañados de una macartización del discurso, contra personas como por ejemplo Piedad Córdoba, a quien convirtió en su gran enemiga política y la orden era generarle vínculos con las FARC", explica Pérez Casas.
"A Antonio Navarro Wolf le querían generar vínculos con el narcotráfico; a Horacio Serpa Uribe, con el ELN; contra Yidis Medina, que fue la que denunció que compraron su voto para aprobar la reelección de Uribe, la convirtieron de la noche a la mañana en guerrillera y secuestradora, y la hicieron condenar aunque ahora ya la han absuelto porque se comprobó que las denuncias eran montadas desde la Casa de Nariño", añade.
Pérez Casas precisa que en Colombia no se puede investigar y juzgar el delito de persecusión política porque no existe. "Apenas en 2001 se creó la figura penal de hostigamiento por razones políticas, pero no en los términos del Estatuto de Roma, que establece que el crimen de persecusión política se produce si la persecusión ha sido sistemática o generalizada", y remarca que "en el caso de Uribe fue de carácter sistemática".
A los miembros del Colectivo de Abogados, asegura, "los persiguieron de todas formas, hasta generándoles problemas conyugales y metiendo mediante infiltrados propaganda de la guerrillas en los cajones".
"Nos denunciaron ante Estados Unidos como terroristas, para que nos quitaran las visas, y, aunque las devolvieron, nos quitaron cooperación económica para el desarrollo; con la Unión Europea también", añade.
Según el abogado, la estrategia era meterlos presos. "Como tenemos prestigio internacional, no les convenía mandarnos a matar" pero "hoy los que están presos son ellos", dice. "Está preso Bernardo Moreno, que era secretario general de la Presidencia; va a ser condenada María del Pilar Hurtado, que fue la que estuvo a cargo del DAS; hemos logrado que se condene a 12 altos mandos del DAS durante el gobierno de Uribe", enumera.
"Y estamos pendientes de que se procese al círculo cercano de Uribe, Bernardo Moreno y otros que son responsables de esa persecusión: José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velázquez, que era el secretario de Comunicaciones, Jorge Mario Itsman, Jorge del Castillo", concluye.
Fuente: Télam