Peña Nieto asumió el poder el primer día de diciembre rodeado de algunas acciones de rechazo de parte de los jóvenes nucleados en el movimiento YoSoy132, una suerte de grupo de indignados -en general estudiantes- que lo acusa de haber llegado al gobierno por medios ilícitos.
No obstante ese accidentado inicio de gestión, el nuevo presidente mexicano obtuvo un primer momento auspicioso cuando en su discurso de investidura anunció un cambio gradual en la política de guerra contra el narcotráfico y las mafias, bajo la premisa de que "a la violencia no se le responde sólo con violencia".
El nuevo mandatario no pudo, como pretendía, entrar a la residencia Los Pinos con un acuerdo programático con los otros dos partidos políticos principales bajo el brazo, pero esa negociación se concretó apenas unos días después.
De esa manera, el PRI se aseguró el apoyo del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que el Congreso apruebe varios proyectos de ley vinculados con reformas impositivas, que Peña Nieto considera fundamentales para poner en marcha programas de reactivación económica.
Es que, antes que militar, el accionar de las bandas mafiosas en México requiere soluciones socioeconómicas, dado que los grupos narcotraficantes edificaron un poder paralelo en varias zonas paupérrimas del país en las que hasta administran justicia y proveen mínimos niveles de educación y trabajo.
Esta circunstancia es apuntada en primer término por quienes critican la guerra contra el crimen organizado encarada por el predecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón.
No son pocos los políticos y observadores mexicanos que descreen del efecto que puede tener el enfrentamiento militar, y que, en cambio, recomiendan atacar "el sistema financiero" que poseen las bandas delictivas.
También coinciden en que el Estado no podrá retirarse radicalmente de esta estrategia, sino que el cambio deberá ser gradual, tal como lo anunció Peña Nieto.
Fuente: Télam