Se espera que este martes se inicie el trámite legislativo propiamente dicho en la Cámara baja, donde el proyecto de ley tendrá que ser debatido y aprobado por los diputados, informó la agencia de noticias EFE.
En esta primera etapa, la norma pretende combatir lo que el gobierno del partido Syriza califica de crisis humanitaria y mejorar la situación de 300.000 hogares de familias que viven por debajo de la línea de pobreza, a los que se les brindará luz gratuita hasta un máximo de 300 kilovatios hora al mes.
Además prevé ayudas al pago del alquiler para 30.000 viviendas en arriendo durante un año, que podrán ser prorrogadas en 2016.
La ley contempla que cada inquilino de las viviendas beneficiadas tiene derecho a una subvención de 70 euros al mes, con un máximo de 220 euros para las familias numerosas.
El pago de esta subvención, que estará exenta de impuestos y tasas, se realizará directamente al propietario de la vivienda para evitar cualquier tipo de abuso y, en caso de que el arrendador tenga deudas pendientes con el Ministerio de Hacienda, la ayuda irá directamente a cubrirlas.
Finalmente, la ley prevé ofrecer bonos de alimentos para 300.000 personas, que recibirán cupones con los que podrán comprar comida.
La cantidad de los cupones dependerá del número de miembros que formen cada familia y, según fuentes gubernamentales, no servirán para comprar en cualquier establecimiento, sino solo en aquellos que hayan decidido colaborar con el gobierno.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, líder de Syriza, llegó al poder al ganar las elecciones de enero pasado tras prometer durante la campaña que pondría punto final a las medidas de ajuste impuestas a Grecia desde 2010 por sus acreedores internacionales de la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE).
Imposibilitada de financiarse en los mercados, Grecia aceptó ese año un préstamo de 240.000 millones de euros a cambio de echar a miles de estatales, subir impuestos, privatizar empresas públicas y otras medidas neoliberales.
A pesar de los recortes, la deuda continuó aumentando debido a que las medidas de austeridad provocaron una depresión económica con tasas de crecimiento negativo del PIB de hasta dos cifras que hundieron la recaudación fiscal.
La semana pasada, los países de la zona euro aprobaron extender por cuatro meses el financiamiento externo de Grecia, luego de aprobar con reservas un paquete de vagas propuestas de reforma del gobierno de Tsipras que excluía, deliberadamente, un compromiso con la continuidad de los ajustes.
Para elaborar la lista de las 300.000 familias con derecho a cualquiera de estas ayudas se tendrán en cuenta como prueba la declaración de impuestos y los ingresos de otras fuentes que no sean el trabajo.
Las personas desocupadas que no presten declaración a Hacienda deberán firmar un testimonio en el que aseguren que carecen de ingresos y no reciben ningún tipo de subsidio.
Según datos de la Autoridad Helena de Estadística, a mediados de 2014 un 23,1% de la población griega se encontraba por debajo del umbral de la pobreza y habí­a un 28,8% de pobreza infantil.
Fuentes gubernamentales destacaron que la medida que mañana discutirá el Parlamento va destinada principalmente a "familias con hijos menores de edad, desempleados de larga duración e inquilinos con riesgo de ser desahuciados", por lo que se excluyen los sin techo.
Más adelante están previstas otras ayudas a los más pobres entre las que figuran bonos para el uso del transporte público, la eliminación de un impuesto especial sobre el gas envasado, tratamiento médico gratuito y la reintroducción de la paga de navidad para las pensiones inferiores a los 700 euros.
Todo este paquete está previsto que cueste algo menos de 2.000 millones de euros y se pretende financiar mediante fondos europeos y la mejora de la recaudación fiscal.
La ley para la lucha contra la crisis humanitaria es el primero de cuatro proyectos que el gobierno de Tsipras quiere empezar a legislar esta semana, si no se producen nuevos retrasos.
Las otras tres leyes se refieren a la prohibición de los desahucios de la primera vivienda, la mejora de las posibilidades de pagar a plazos las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social, y la reapertura de la radiotelevisión pública ERT, cerrada por el gobierno anterior en junio de 2013.
Fuente: Télam
