Una vez que se alcance a nueve ratificaciones dentro de los países miembros del bloque, la aplicación del protocolo estará a cargo de los presidentes o cancilleres que integran el bloque en caso de ruptura del orden democrático o constitucional que represente riesgos para el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los principios democráticos de alguno de los Estados partes.
En esos casos, de acuerdo al protocolo firmado, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o, en su defecto, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores se reunirá en sesión extraordinaria convocada por la Presidencia pro témpore: de oficio, a solicitud del Estado afectado o a petición de otro miembro de Unasur.
En esa instancia, según recuerda una comunicación de Presidencia de Uruguay, las medidas que podrían aplicarse son la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos e instancias de la Unasur, así como la suspensión de los derechos y beneficios previstos en la unión.
También, establece la norma, se incluyen el cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión o limitación de todo tipo de comercio, provisión de energía, servicios y suministros.
Fuente: Télam
