El proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) del Ejecutivo salió adelante con 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención.
Al superar el trámite en ésta cámara sin modificaciones, la ley no tendrá que regresar al Congreso de Diputados, y entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La novedad de la norma, también llamada "ley de plazos”, es que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la número 22, en caso de riesgo de vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto.
Pasado este plazo sólo se autoriza el aborto en caso de problemas en el feto que "sean compatibles con la vida” –diagnosticadas por un médico- o cuando se detecte "una enfermedad extremadamente grave e incurable” y así lo confirme un comité clínico”.
El punto más polémico, y que supuso el mayor escollo para alcanzar un consenso, fue el referido al aborto de menores de 16 y 17 años.
En este punto, finalmente, la ley establece que las menores de esas edades podrán abortar pero deberán informar su deseo a uno de sus padres o tutores legales, salvo si alegan "fundadamente" que esto les provocará "un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".
En cuanto a la "objeción de conciencia”, otro asunto controvertido, el texto establece que "los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho” a ejercerla, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar
menoscabadas”.
Se trata de una "decisión individual” que debe "manifestare anticipadamente y por escrito”, precisa la ley.
A favor del texto votaron los diputados socialista, la izquierda catalana, tres senadores de los nacionalista catalanes de Convergencia i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Galego (BNG), senadores independientes de Navarra e Ibiza y de Coalición Canaria.
En contra se expresaron el PP, la representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Partido Aragonés, otro de Coalición Canaria, mientras un senador de CiU se abstuvo.
Para la vocera del PP en el Senado, Carmen Dueñas, con la nueva ley el gobierno socialista quiere "imponer el aborto libre" a la sociedad española.
Asimismo, la senadora conservadora acusó al Ejecutivo de Zapatero "despreciar la voz de los ciudadanos", quienes "mayoritariamente rechazan" la ley, y de intentar "acabar con uno de los pilares de la sociedad española como es la familia”.
El pasado 18 de octubre, cientos de miles de personas respaldaron a las organizaciones antiabortistas y a la iglesia católica en una multitudinaria manifestación contra la nueva ley de aborto en Madrid.
Entre los participantes destacaban familias, curas, monjas e importantes líderes del PP, como el ex presidente José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Mientras el PP sostiene que la nueva ley vulnera el "derecho a la vida”, la cúpula de la Iglesia católica, que ha sido muy activa en su rechazo al proyecto, considera que está "envenenada de
inmoralidad e injusticia”.
Fuente: 26 Noticias
