En una resolución judicial conocida hoy, el juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ordenó la apertura de una investigación a partir de la demanda presentada por tres ONGs que brindan asistencia a los inmigrantes "sin papeles" en la zona y que aportaron un video que documenta el accionar presuntamente delictivo de los agentes fronterizos.
En el video, que registró un salto a la valla protagonizado por unos 400 inmigrantes el pasado 18 de junio, se puede ver a gendarmes marroquíes en territorio español, en la zona del entretallado, llevándose a inmigrantes y apaleando a un joven subsahariano.
Los hechos ocurrieron en presencia de guardias civiles españoles que, por su parte, abrieron las puertas de la valla para expulsar hacia Marruecos a los inmigrantes que ya tenían un pie en Europa. Los agentes españoles tampoco hicieron nada cuando los gendarmes marroquíes golpeaban a los inmigrantes.
El magistrado aprecia indicios de delitos tanto en los agentes marroquíes que entraron a territorio español como de los guardias civiles, y se considera competente para investigar y pedir la identificación de cada uno de ellos, según informa la emisora Cadena Ser.
En el caso de los gendarmes marroquíes, el juez cree que cometieron "delitos de lesiones, trato degradante, contra los derechos individuales", mientras los guardias civiles actuaron "contra el deber de impedir la comisión de un delito y prevaricación".
De acuerdo con el juez Emilio Lamo de Espinosa, los agentes españoles estaban a "menos de 15 metros" y no intervinieron para "detener" la actuación de los gendarmes marroquíes que -subraya- estaban "dentro de territorio español".
Asimismo, se ordenó a la Comandancia de la Guardia Civil que aporte un informe con el protocolo de actuación y las órdenes que recibieron los agentes aquel día y que identifique a los miembros del cuerpo de seguridad que actuaron.
También se solicitó el envío de una Comisión Rogatoria a Marruecos para que identifique a sus agentes que entraron a la valla de Melilla, una decisión totalmente novedosa en este tipo de casos, que han sido denunciados en numerosas ocasiones en los últimos años.
La querella fue presentada por la ONG Prodein, Andalucía Acoge y SOS Racismo, que desde hace años denuncian los malos tratos y trato denigrante que los agentes fronterizos infligen a los inmigrantes subsaharianos que intentan alcanzar suelo español en busca de un futuro mejor.
Como medida procesal, el instructor pidió a los denunciantes el depósito de una fianza de 3.000 euros en el plazo de 10 días para proceder con el juicio, aunque aclara que, de no efectuarse el pago, la investigación continuará en forma de denuncia, lo que demuestra la voluntad de seguir adelante con el caso.
A principios de este año, tras los últimos intentos masivos de entradas de inmigrantes por Ceuta y Melilla y la muerte de 16 inmigrantes ahogados en Ceuta, el gobierno español de Mariano Rajoy alertó de una presión migratoria "sin precedentes" en la zona y pidió ayuda de emergencia a la Unión Europea (UE).
"Unas 40.000 personas están esperando para saltar desde Marruecos y centenares de miles esperan más abajo", llegó a asegurar el Ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, a principios de marzo, en el momento en que la UE cuestionó y pidió explicaciones por el lanzamiento de balas de goma contra inmigrantes en la frontera de Ceuta.
Desde la anterior crisis migratoria de 2005, que llevó a España a reforzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, no se registraban tentativas de ingresos masivos, aunque el goteo de inmigrantes que buscan llegar a territorio español por esa vía es constante.
Algunos analistas atribuyen el nuevo repunte al recorte de las ayudas que recibía Marruecos para "contener" a los inmigrantes de su lado de la frontera, donde las situaciones de violencia protagonizadas por inmigrantes y agentes de seguridad son constantes, según las ONGs.
Fuente: Télam
