Morales formuló ese pedido durante el acto de posesión del contralmirante Landelino Rafael Bandeira Arze como prefecto interino de Pando en sustitución de Fernández, recluido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz por incumplir el estado de sitio decretado en su región.
La Corte Suprema pidió el viernes al juez Williams Dávila, a cargo de la instrucción de la causa contra Fernández, acusado de haber promovido la matanza de al menos 18 personas, la mayoría campesinos y alumnos secundarios, además de un niño, que se aparte del caso y traslade al detenido a Sucre "porque goza de un fuero especial".
Pero la abogada de las víctimas, Mary Carrasco, recusó a Dávila y logró que el caso pase a manos del juez Alvaro Melgarejo Escalante, lo que frenó el traslado del prefecto que reclamaba la Corte.
El presidente boliviano también pidió a las autoridades judiciales abrir procesos contra las personas involucradas en la toma de instituciones públicas y sabotajes a plantas distribuidoras de gas en los departamentos (provincias) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, gobernadas por la oposición.
"No veo acciones concretas para dar castigos a quienes cerraron válvulas, quemaron gasoductos, tomaron instituciones. De oficio (el Poder Judicial) debiera empezar el proceso a las personas que hicieron tanto daño a Bolivia", apuntó.
Morales aseguró que existen pruebas sobre el crimen de lesa humanidad por el que se investiga al prefecto pandino, "basta escuchar los testimonios de las decenas de heridos y familiares de la víctimas de esa matanza", dijo.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez recordó que la Corte Suprema se integró con jueces que respondían a los distintos partidos políticos en el poder hasta que llegó Morales al gobierno, en lo que en Bolivia se denomina el "cuoteo político".
"Es ese sistema caduco el que se autodefiende en sus últimos estertores, afincado en el sistema judicial, usando lo que le queda de poder para favorecer a (el prefecto de Pando) Fernández", denunció Chávez. (Telam)
