"Julian Assange ha permanecido voluntariamente lejos de la Justicia refugiándose en la embajada ecuatoriana. Ahora que el plazo de prescripción ha pasado para algunos de los cargos me veo obligada a suspender la investigación", lamentó la fiscal Marianne Ny, en un comunicado.
El australiano Assange, de 44 años, está refugiado en la embajada de Ecuador de Londres desde junio de 2012, en que la fiscalía sueca presentó su demanda formal contra él.
La fiscalía sueca ha dejado caer esos casos, tras no haber podido presentar a tiempo una acusación formal suficientemente fundamentada para llevarla adelante, ya que no pudo interrogar a Assange.
El fundador de WikiLeaks se ha negado reiteradamente a acudir a Suecia para responder de esos cargos, por considerar existía el peligro de que se le extraditara a Estados Unidos.
La alternativa habría sido realizar el interrogatorio en la embajada ecuatoriana de Londres, pero para ello precisaba la autorización de las autoridades británicas, además de las de Quito, lo que hasta ahora no obtuvo.
Desde Londres, Assange dijo sentirse "extremadamente decepcionado" por la decisión de la fiscalía sueca por considerar que ahora no podrá defenderse.
"No había necesidad para nada de esto. Soy inocente. Ni siquiera se habían presentado cargos. Desde el principio ofrecí soluciones simples. Ir a la embajada para prestar declaración o que me prometieran que no me iban a enviar a Estados Unidos", dijo Assange a la agencia de noticias británica PA.
"Las autoridades suecas rechazaron ambas propuestas", prosiguió el activista, citado por la agencia de noticias EFE.
"Esto va más allá de la incompetencia. Yo soy fuerte, pero el coste que tiene esto para mi familia es inaceptable. Aunque he sido tratado indebidamente, me gustaría agradecer a mucha gente en Suecia y en el Reino Unido que hayan comprendido el mal que se me ha hecho a mí y a mi familia", agregó Assange.
Por el contrario, Ecuador expresó su satisfacción por el hecho de que las "garantías penales suecas" hayan "impedido la prolongación de un caso cuya parálisis ha afectado la tutela judicial efectiva" de Assange.
Así lo aseguró la Cancillería en un comunicado en el que también se lamentó de "que el encierro del señor Assange se haya prolongado ya por más de tres años".
La Cancillería recordó en el escrito que el gobierno de Ecuador ha manifestado "hasta en 31 ocasiones durante los últimos tres años su disposición a facilitar el proceso jurídico abierto en Suecia".
Desde Londres se informó ayer de que Ecuador ha acordado con las autoridades suecas abrir negociaciones para permitir que se interrogue a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres.
El comunicado de la Cancillería ecuatoriana saludó "la reciente receptividad demostrada por Suecia para entablar conversaciones con Ecuador, destinadas a concretar la cooperación judicial entre ambos Estados".
Sin embargo, acto seguido el texto deploró "la inacción continuada de las autoridades británicas y suecas durante casi mil días de permanencia en la Embajada del asilado, tiempo en el que unas y otras han desoído las propuestas y llamadas de la Cancillería ecuatoriana al diálogo".
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dijo hoy a la agencia de noticias nacional Andes que ya se establecieron las fechas para las primeras reuniones.
"En los próximos días vamos a comenzar a reunirnos. Me parece que está establecido para los primeros días de septiembre, y seguramente será en Ecuador para conversar sobre la asistencia penal internacional".
También hoy, por su parte, la Cancillería británica anunció que el embajador del Reino Unido en Quito presentará una protesta formal ante el gobierno de Ecuador por dar asilo en su legación londinense a Assange.
"Ecuador debe reconocer que su decisión de dar asilo a Assange hace más de tres años ha impedido que la justicia siguiera su curso", afirmó en un comunicado el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Hugo Swire.
Además, el Ministerio lamentó que como resultado de la protección de Ecuador "algunas de las graves acusaciones sexuales contra él expirarán".
"Es completamente inaceptable que el contribuyente británico haya tenido que pagar la factura por este abuso de las relaciones diplomáticas", añadió el comunicado.
Fuente: Télam
