En la resolución, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz afirmó que durante esos 16 años se produjo "un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes".
El magistrado sostuvo que se llevaron a cabo "bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas todas ellas de origen saharaui y debido precisamente a dicho origen".
Y la finalidad era "destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental", dice el auto de procesamiento, al que tuvo acceso Télam.
Además de las detenciones, se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años, y torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos.
El magistrado señaló que tales ataques, producidos contra la población saharaui a lo largo de toda la extensión del territorio del Sáhara Occidental, llevados a cabo por el Ejército y la Gendarmería marroquí, habrían sido impulsados por los altos mandos de esos cuerpos militares, ejecutándose con la finalidad de ocupar el territorio del Sáhara Occidental y tomar posesión del mismo.
En el marco de la investigación, Ruz destacó "el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala con ocho cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas".
Y también que se pudo contar con el testimonio de personas que presenciaron esos asesinatos.
Asimismo, el juez dijo que las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas permiten "corroborar la indiciaria veracidad" de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por "documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas".
Fuente: Télam
