Agregó, citado por la agencia ANSA, que después de someter a 17 estudiantes, los "trasladaron en un cerro de Pueblo Viejo en donde tienen fosas clandestinas y en donde dicen que los ultimaron".
Originalmente, había 58 desaparecidos, pero 15 consiguieron huir y regresaron a sus viviendas, algunos heridos, después de ocultarse unos días.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) renunció, es sometido a juicio político, y su agrupación gestiona su expulsión, pero se encuentra prófugo, y según algunas fuentes mencionadas por la citada agencia los asesinatos fueron cometidos por órdenes suyas.
Abarca tenía contemplado rendir su segundo informe anual al día siguiente del ataque a los jóvenes y según esas fuentes buscaba lanzar para sucederlo en el cargo a su esposa, hermana de Alberto Pineda Villa, un conocido narcotraficante del cártel de los Beltrán Leyva.
La Procuraduría General de la República se hizo cargo de las investigaciones y preliminarmente señaló que en el caso podrían estar involucrados funcionarios del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Jesús Martínez.
La razón es que desde el 7 de mayo pasado el gobernador Angel Aguirre -cuya renuncia es reclamada por familiares de los desaparecidos, estudiantes y activistas de derechos humanos-, firmó un convenio para colocar bajo el mando de las autoridades locales a las policías de los municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala.
La desaparición de los jóvenes fue precedida por el asesinato de seis personas, entre ellos tres alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, como el grueso de los estudiantes de paradero aún desconocido, ubicada en el municipio de Tixtla, cuando se dirigían a Iguala a recaudar fondos.
Con ese dinero buscaban tomar algunos micros e ir a la capital mexicana para sumarse a la marcha conmemorativa del 46o. aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.
Los 28 cadáveres encontrados se encuentran calcinados y son sometidos a exámenes de ADN, dijeron las autoridades. En las labores de reconocimiento participan peritos de los Equipos de Antropología Forense de Argentina, especializados en esa tarea, que han logrado identificar víctimas de los conflictos armados en Centroamérica en los años '80 y, particularmente, en su país, agregaron.
Las pruebas genéticas, sin embargo, son lentas y podrían demorar entre 15 días y 2 meses, apuntaron.
Hasta ahora es un misterio la causa por la cual los agentes, que admitieron ser parte del brazo armado de la banda criminal de narcotraficantes conocida como "Guerreros Unidos", dieron muerte a los estudiantes. Sólo se limitaron a reconocer que recibieron órdenes de sus superiores para hacerlo.
También está involucrado el jefe policial de Iguala, Francisco Salgado, quien se encuentra prófugo y habría impartido las órdenes de los asesinatos, junto con un hombre apodado "El Chucky", jefe de Guerreros Unidos, según el procurador Blanco.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron al gobierno una investigación a fondo para dar con el paradero de los desaparecidos y el castigo enérgico a los responsables.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo estar profundamente "consternado" por los hechos violentos registrados en la noche del 26 de septiembre, a los que calificó de "indignantes, dolorosos e inaceptables".
En un breve mensaje a los medios de comunicación, reproducido por la agencia Efe, el mandatario indicó que había ordenado a su gabinete de seguridad participar en el "debido esclarecimiento" de la ola de violencia que dejó al menos seis muertes y la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en en el sureño estado de Guerrero.
"Lamento, de manera particular, la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala", señaló Peña Nieto, quien dijo sentirse "profundamente indignado" y "consternado por la información divulgada el fin de semana".
El jefe de Estado dijo hoy que los familiares de los jóvenes desaparecidos y la sociedad "demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia", por lo que su gobierno cooperará con el estado de Guerrero para "conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables".
Fuente: Télam
