El reclamo de los historiadores se basa "en el carácter privado y opaco de esta fundación dedicada a la memoria del ex dictador" (1892-1975).
"Que el Estado esté pagando por recuperar papeles que fueron robados al Estado y que ese archivo no esté abierto todavía, aunque sea parcialmente, es un escándalo incomprensible", declaró el historiador Antonio Elorza al diario madrileño El País. (Télam-SNI)