Los pronósticos parecen injustos si se piensa que la primera ministra, Johanna Siguroardóttir, enfrentó las consecuencias de lo que se considera el experimento más profundo de "liberalización", eufemismo que se traduce como desregulación y privatización.
Durante una década, la banca se había convertido en un centro de especulación que atraía capitales de todo el mundo -los intereses llegaban hasta el 15% en una economía custodiada por "vikingos", según decía la publicidad- y daba préstamos a diestra y siniestra.
Los islandeses vivieron un jolgorio de consumo. Compraron casas, autos y tecnología, de todo, hasta el punto que los activos crediticios de los bancos multiplicaban por 10 el valor del PBI. Es decir, mientras el país producía 100, se prestaba 1000.
Pero la fiesta terminó en 2008, a la par de la de Estados Unidos. La gran burbuja financiera estalló al declararse en quiebra los grandes bancos comerciales, arruinando a decenas de miles de islandeses y arrasando las inversiones foráneas que venían disfrutando de jugosos dividendos.
En medio del mayor colapso bancario del mundo en relación con el tamaño de la economía de Islandia, la primer ministra socialdemócrata impulsó una política de doble filo ante una deuda externa de 50.000 millones de euros -más del 80% del sector bancario- y un PBI de 8.500 millones.
Por un lado, respetó formalmente la exigencia popular manifestada en movilizaciones y referéndums de negarse a cubrir las pérdidas sufridas por los ahorradores extranjeros.
Pero por el otro siguió paso a paso un plan acordado con el FMI a cambio de un crédito por 1.500 millones de euros: reducir los impuestos a las empresas y aumentarlos al ciudadano de a pie, y recortar drásticamente el gasto público, sobre todo en sanidad, educación y jubilaciones.
Si se tiene en cuenta el pozo donde habían caído, los resultados no fueron tan magros. En 2012 hubo un ligero crecimiento económico (1,6%) y se redujo el desempleo de 10 a 5% y la inflación de 15 a 5%.
Pero todo suena a poco para un país que hasta el 2009 era calificado por la ONU como el tercero más desarrollado, donde existía pleno empleo y la inflación era tan baja que sólo interesaba a los economistas.
¿Dónde de falló Siguroardóttir? "La deuda que todavía tienen los islandeses y la amargura por las injusticias sociales cometidas durante el manejo de la crisis es enorme", sostuvo Sigmundur David Gunnlaugsson, el joven de 38 años favorito para reemplazarla con un respaldo del 30% en las intenciones de voto.
Esos son, precisamente, los dos ejes de la campaña del Partido Progresista. Mientras los socialdemócratas sólo redujeron el endeudamiento hipotecario en un 3%, los neoliberales proponen ahora condonar el 20% de las hipotecas vinculadas a la inflación, que suman el 90% de las contraídas antes de la crisis del 2008.
Si se tiene en cuenta que casi todos los islandeses arrastran una deuda hipotecaria, que el 48% de casi 320.000 habitantes de la isla tienen problemas para llegar a fin de mes y que el 36% no puede asumir gastos inesperados, es obvio que la iniciativa "progresista" cala hondo en el electorado.
El costo de esta medida -1.200 millones de euros- sería financiado por los inversores extranjeros, quienes gracias al control de capitales del gobierno (un "corralito") no tienen más remedio que vender a bajo precio sus participaciones si quieren recuperar algo de su dinero.
Esta sola idea enfervoriza a los islandeses, quienes consideran a los bancos responsables de la ilusión financiera que dilapidó su bienestar y no sienten culpa alguna por las pérdidas sufridas por los capitales foráneos.
Si bien es cierto que nadie sacó una corona de su bolsillo para pagar el fraude cometido por los bancos, el Estado asumió parte de su deuda al inyectar un 20% del PBI para recapitalizarlos, monto facturado a los ciudadanos vía aumento de impuestos y recortes de los programas sociales.
Las autoridades tampoco satisficieron las demandas de justicia. De los 250 casos de corrupción y fraude, sólo se impartieron sentencias efectivas contra tres personas. Y mucho menos sancionaron la reclamada reforma de la Constitución, que establece la propiedad púbica de los recursos naturales y fue aprobada por un referendo.
Los socialdemócratas alegan que las concesiones eran la única forma de salvar lo que quedaba del estado de bienestar. Sin embargo, con ellas lograron el respaldo del FMI y de los grandes centros financieros, pero no convencieron a islandeses, quienes en encuesta tras encuesta apuestan por un cambio de gobierno.
Fuente: Télam
