La habilitación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), organismo dependiente de la ONU para investigar, entre otros objetivos, cuerpos ilegales de seguridad heredados del conflicto armado de Guatemala (1960-1996) vencía en 2014 y el presidente Otto Pérez Molina no quería renovar su trabajo, que terminó por incriminarlo en actos de corrupción, pero la visita del vicepresidente de EEUU, Joseph Biden lo convenció de lo contrario.
Pero la visión de Estados Unidos era otra. Después que Biden viajara a Guatemala en marzo pasado para reunirse con los mandatarios de este país, El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, para abordar detalles del Plan de la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte (centroamericano) que suponía importantes aportes de Washington, hizo un llamado para continuar el combate a la corrupción y la importancia de la permanencia de la Cicig.
Consultado el vicepresidente norteamericano por la prensa sobre si los aportes al país eran condicionados a la renovación de la Cicig, contestó: "Absolutamente. La Cicig debe ser prorrogada; claro es una decisión soberana, pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de EEUU se sume a la iniciativa (el plan) haciendo compromisos de miles de millones de dólares".
Finalmente, Pérez Molina cedió y pidió la ampliación del mandato del organismo de Naciones Unidas.
La Cicig se creó en 2006 básicamente porque pese a los acuerdos de paz de 1996 entre las guerrillas y el gobierno, subsistía la actuación de grupos criminales vinculados al Estado, fuertemente organizados y mayoritariamente impunes ante la ineficacia del sistema judicial.
Los ataques sufridos por grupos defensores de los derechos humanos generaron un reclamo de varias ONG por la creación de una instancia de investigación y el gobierno de entonces, presidido por Óscar Berger, lo llevó al seno de la ONU, donde finalmente se creó la Cicig, que cuyo trabajo debía renovarse cada dos años.
Además de la lucha contra los grupos ilegales de seguridad, sus áreas de acción también son la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la observación de regímenes disciplinarios judiciales y la corrupción.
Fuente: Télam
