La solicitud fue presentada luego de que el Consejo de Seguridad la ONU rechazara una resolución presentada por Jordania que establecía el fin de la ocupación israelí y la creación de un Estado palestino para antes del fines de 2017, con capital en Jerusalén Este.
Algunos analistas, sin embargo, interpretaron que la adhesión a dicho tribunal internacional es un gesto tardío de Abbas, ya que la sociedad palestina pedía el ingreso al CPI en septiembre de 2012, cuando las Naciones Unidas reconocieron a Palestina como estado observador de ese organismo multinacional.
Ahora el secretario general de la ONU, Bank Ki-moon, tiene 60 días para decidir si acepta o no la adhesión de los palestinos al Estatuto de Roma y a 17 tratados internacionales.
Si finalmente los palestinos son admitidos podrían presentar cargos contra israelíes involucrados en supuestos delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, en la sede del tribunal ubicada en la Haya, Holanda.
El gobierno estadounidense, que aporta cada año unos 400 millones de dólares para los palestinos, advirtió a través del Departamento de Estado que el pedido tendrá consecuencias en la ayuda que presta Washington "para promover la estabilidad y la prosperidad" en Medio Oriente.
Tanto la Casa Blanca como Israel consideran que esta acción unilateral (antes que la solución negociada de un Estado palestino) es violatoria de los Acuerdos de Oslo de 1993.
Sin embargo, Abbas siguió adelante con su estrategia, respaldado incluso por algunas organizaciones de derechos humanos como la estadounidense Human Rights Watch y Amnestía Internacional, con sede en Londres.
El líder palestino busca, especialmente, que el CPI condene los asentamientos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este, que son ilegales de acuerdo a las leyes internacionales.
Por esta razón, algunos analistas creen que podría aplicarse a Israel el artículo 8 del capítulo referido a crímenes de guerra del Estatuto de Roma.
"El traslado, directa o indirectamente, por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio", señala dicho artículo.
Para el ex cónsul general israelí en NuevaYork, Alon Pinkas, "los intentos de Mahmud Abbas para activar el proceso de paz dentro de un asunto internacional fortalece la ecuación de que los palestinos quieren un estado sin negociaciones. Israel, por su parte, quiere negociaciones que no conduzcan a un Estado palestino".
En un artículo en el diario israelí Yediot Aharanot, Pinkas dice que "tal ecuación, en los ojos de la opinión publica global y entre los diplomáticos no beneficia a Israel, lo cual es percibido como un fuerte y poderoso ocupante".
Pero el analista señaló que la decisión del Consejo de Seguridad de rechazar la propuesta palestina constituye una buena noticia para el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
"También es una mala noticia porque incrementa el aislamiento de Israel y la impaciencia hacia la postura de Netanyahu", agregó.
Los palestinos quedaron a un solo voto de lograr el apoyo de los nueve miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, pero la abstención de Nigeria (un país que mantiene buenas relaciones económicas con Israel) malogró la solicitud del gobierno de Abbas.
De todos modos, si la votación hubiera resultado favorable habría obligado a Estados Unidos a ejercer su derecho a veto para favorecer a Israel.
Fortalecido por su triunfo en las internas del gobernante partido Likud, que lo convierten en el candidato para ganar las elecciones legislativas del próximo 17 de marzo, Netanyahu reaccionó duramente ante el pedido de los palestinos para adherirse al CPI.
"Esperamos que la CPI rechace la demanda hipócrita hecha por la Autoridad Palestina, que no es un Estado, sino una entidad ligada a la organización terrorista Hamas, que es responsable de crímenes de Guerra", dijo Netanyahu en un comunicado.
Israel, que no ha ratificado el Tratado de Roma al igual que Estados Unidos y Rusia, sabe que sus militares podrían ser enjuiciados por supuesto genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Pero también el Movimiento de la Resistencia Islámica, Hamas, que controla la Franja de Gaza desde 2007, podría ser denunciado ante el tribunal de La Haya por atacar supuestos objetivos civiles, señalaron analistas. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) consideran a este grupo palestino como una organización terrorista.
De todos modos, la jurisdicción del CPI se remite a crímenes cometidos después de julio de 2002, cuando se creó este tribunal, o después del día en que el país adhiere a este tratado.
Fuente: Télam
