"Queremos recordar al Estado que todos sus órganos, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están obligados a cumplir con las disposiciones del pacto, cuando el Estado lo ha ratificado"
Como otros cuatro países, Uruguay compareció en la última sesión del Comité para explicar cómo aplica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su informe final, con sus conclusiones y recomendaciones, el Comité insiste ante Uruguay en la necesidad de que encuentre en el caso del fallo de inconstitucionalidad "una solución que se ajuste plenamente a sus obligaciones según el pacto".
En esa línea, le recuerda que "las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar actos de tortura".
Tampoco pueden eximir -agrega el organismo- a los autores de torturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas "de su responsabilidad jurídica personal".
En una conferencia de prensa en la que los miembros del comité comentaron sus preocupaciones sobre los países examinados, el jurista Fabián Salvioli sostuvo que la sentencia de la Suprema Corte uruguaya "contradice las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar".
"Queremos recordar al Estado que todos sus órganos, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están obligados a cumplir con las disposiciones del pacto, cuando el Estado lo ha ratificado", señaló el documento, según consignó la agencia EFE.
En su informe, el Comité de la ONU también afirma haber tomado nota de las explicaciones que la delegación gubernamental le dio "sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad que, en principio, se limitaría al caso concreto en que se planteó".
Así, el presidente del Comité, Nigel Rodley, manifestó que este órgano buscó transmitir un mensaje directo al Poder Judicial, a la que señaló como el poder del Estado "que se ha puesto en una situación de violación de sus obligaciones" y a la que se está pidiendo que reconsidere su decisión.
Por otra parte, Salvioli dijo que las condiciones carcelarias "siguen siendo un problema grave en Uruguay" y recomendó introducir cambios en el Código de Procedimientos Penales y, de manera general, "limitar el periodo legal de prisión preventiva".
Otra de las preocupaciones destacadas fue la necesidad de vigilar el problema de la violencia doméstica, así como investigar y castigar los casos de discriminación "por motivos de orientación sexual e identidad de género".
Fuente: Télam
