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Miercoles 24 de Abril de 2024
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La Suprema Corte obliga a cerrar las causas por violaciones a los DDHH

Este organismo uruguayo declaró inconstitucional parte de la ley de 2011 que consideró que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la última dictadura no prescriben, lo que obliga a cerrar las causas abiertas.
La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario "El País", de Montevideo.

Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura en Uruguay deberán ser archivadas al entenderse que las mismos prescribieron, según la información que reproduce la agencia DPA.

Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que "la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes".

El portavoz dijo que esa interpretación es "un disparate", al detallar que el alto tribunal "solamente se pronuncia sobre un caso concreto" y remarcó que "los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran" en los procesos que llevan adelante, según consigna la agencia EFE.

La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentados por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.

El fallo declara inconstitucionales los dos primeros artículos de la ley 18.831, promulgada el 28 de octubre de 2011, que restablecieron el "pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985", considerados de lesa humanidad.

El principal argumento en el que coincidieron los ministros es que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente.

La ley de "imprescriptibilidad" de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de izquierdas Frente Amplio (FA), aunque con alguna disidencia interna.

También fue cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares (en 1986 y 2009) en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.

Ante la decisión de la Justicia, el partido oficialista uruguayo, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocó para el próximo lunes una marcha en Montevideo, según consignó la agencia EFE.

"Por verdad y justicia nos concentramos en silencio" es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llama a la manifestación del lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19.00 hora local.

La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ).

"Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad", indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido.

Por su parte, la senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica, convocó a una reunión urgente para analizar la posibilidad de iniciar juicio político a los jueces de la Corte, según informó al portal del diario El País.

Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos.

La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas 50 causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado.

El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo "entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera" y agregó que "tuvo algunos sumarios, algunos de los que ya terminaron sin responsabilidad para ella".

Sin embargo, Mota se declaró "sorprendida" por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.

Fuente: Télam

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