Ordóñez, calificado como un ultraconservador católico, acusó al alcalde de haber cometido "graves irregularidades" por haber cambiado hace un año el modelo de recolección de residuos, proceso que dejó a Bogotá sin ese servicio por tres días.
La medida, que será apelada ante la instancia correspondiente, que es el mismo procurador general, movilizó el lunes a miles de bogotanos en apoyo de Petro, exguerrillero del M-19, y puso en carrera de manera inesperada a varios candidatos ante la eventualidad de una convocatoria a elecciones, de confirmar Ordóñez su propio fallo.
Hoy, los jefes comunales de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur) manifestaron en una carta su apoyo y solidaridad a su colega y consideraron que su destitución es "un duro golpe a la gobernabilidad" de Bogotá y "una peligrosa señal" para las democracias de la región.
Los alcaldes o intendentes de Lima, Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá Morales; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego; Quito, Augusto Barrera, y Buenos Aires, Mauricio Macri cuestionaron en la misiva el hecho de que "una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima".
Las Farc, que el lunes había considerado el fallo del procurador como un atentado al diálogo de paz que mantiene con el gobierno de Santos, llamó a los colombianos para "alzarse contra la dictatorial destitución"
Los cuestionamientos vinieron también por el lado del fiscal general, Eduardo Montealegre, que tiene la potestad de revisar los fallos de procurador, al calificar como "inquisitivo, medieval y carente de garantías para quienes son investigados en materia disciplinaria" el modelo que maneja la Procuraduría en manos de Ordóñez.
"No puede ser que un mismo funcionario sea quien ponga una sanción y él mismo sea la segunda instancia", resaltó Montealegre en alusión a las competencias del procurador, encargado del control y fiscalización a los funcionarios públicos, por lo que calificó a ese organismo de "no garantista".
El fiscal general aprovechó así el episodio para reclamar una reforma de la justicia, ya que, según opinó, "es inconveniente que se permita la reelección del procurador general de la nación" y por eso reclamó "rediseñar los órganos de control".
"Creo que uno de los grandes talones de Aquiles que tiene el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es que quedó en deuda con el país en materia de una reforma a la justicia", enfatizó.
Montealegre pidió a su vice fiscal, Jorge Perdomo, "una inspección a la Procuraduría para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos y mirar cuáles fueron los argumentos que tuvo la defensa del alcalde".
La inspección a la Procuraduría siguió a la petición que hizo ayer el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tood Howland, de reunirse con el procurador para tratar el caso de Petro.
"Podemos hablar de los derechos del alcalde o sus derechos de participar en política, pero yo creo que lo más importante es que tenemos que hablar de los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él", precisó Howland.
El destituido alcalde ya pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También hoy un grupo de eurodiputados expresó por carta al presidente Santos su "profunda preocupación" por la decisión del procurador Ordóñez, al considerar que Petro fue "elegido por una mayoría de votos".
En el plano local, la guerrilla de las Farc, que el lunes había considerado el fallo del procurador como un atentado al diálogo de paz que mantiene con el gobierno de Santos, llamó hoy a los colombianos a "salir a la calle" para "alzarse contra la dictatorial destitución del alcalde de Bogotá", con quien admitió tener diferencias ideológicas.
El comunicado firmado por el secretariado de las FARC señaló que "la intolerancia y la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política, son las causas de la larga confrontación armada que se libra" en Colombia y que "el fallo del señor procurador simplemente lo confirma".
Por otra parte, unos 300 integrantes de la Guardia Indígena viajarán hoy desde el departamento del Cauca hacia Bogotá para defender al alcalde para participar el viernes de una marcha en respaldo a Petro, según informó Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa.
La marcha fue convocada el lunes por Petro durante el discurso que brindó desde el balcón del Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía, donde llamó a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente contra el fallo de Ordóñez al que denunció de utilizar el tema de la recolección de residuos como pretexto para perseguirlo políticamente.
Fuente: Télam
