Y la coalición cree que el responsable no es otro que el jefe del Ejecutivo, algo que quedó demostrado ayer durante la entrevista que Rajoy concedió a la cadena Antena 3 en la que aseguró que "a la infanta le irá bien" porque está "convencido de su inocencia".
Según otro dirigente de la Izquierda Plural, José Luis Centella, estas palabras dejan de manifiesto que "Rajoy es la mano que mece al fiscal" a favor de la hija menor del rey Juan Carlos.
Con sus declaraciones, el presidente del gobierno "adelantó el final del proceso", y "demuestra quien manda en el ministerio público", dijo Centalla en conferencia de prensa en el Congreso de los Diputados.
La actitud de Rajoy está en línea con la del fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, quien, para el diputado, está siendo "el tapavergüenzas" de la Casa Real y "el principal opositor del magistrado instructor del caso", José Castro.
En 2013 el magistrado encontró indicios de colaboración o complicidad de la infanta Cristina en los negocios ilegales de su marido y la imputó, pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado levantaron los cargos
"Le hacen un flaco favor a la Justicia", apuntó Coscubiela, quien cree que el gobierno y la Fiscalía están empecinados en evitar que la hija del rey sea tratada como los demás ciudadanos.
La semana pasada, Horrach acusó al magistrado instructor de estar "conspirando" contra la infanta, a la que acusa de blanqueo de capitales y evasión fiscal, delitos penados con hasta 6 y 5 años de prisión.
El Fiscal considera que Castro elaboró su tesis inculpatoria en base a una "denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa de informes tributarios" que exoneran a la infanta, por lo que pidió que los peritos implicados sean citados a declarar ante que la hija del monarca.
El juez imputó a la hija del rey en su condición de copropietaria de la sociedad Aizoon, a la que su esposo, el Duque de Palma Iñaki Urdangarín, habría desviado más de un millón de euros de fondos públicos.
Castro investiga desde 2011 a Urdangarín y su ex socio, Diego Torres, por haberse apropiado a través del Instituto Nóos- una entidad supuestamente sin fines de lucro- de más de seis millones de euros de los gobiernos balear y valenciano, en manos del derechista Partido Popular (PP) de Rajoy.
En abril de 2013 el magistrado encontró indicios de la colaboración o complicidad de la infanta Cristina en los negocios ilegales de su marido y la imputó. Pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado apelaron y lograron levantar los cargos.
Castro insiste en que Aizoon fue diseñada como empresa instrumental para desviar el dinero apropiado por Urdangarín, y recientemente encontró pruebas de que la hija del rey participó conscientemente del diseño de la empresa, a la que además cargó gastos personales que debían tributar, y no lo hizo.
El 7 de enero el juez la imputó por segunda vez, y la hija del monarca renunció a recurrir la decisión, al tiempo que manifestó su disposición a declarar cuanto antes, lo que derivó en un adelanto de la fecha de su comparecencia al 8 de febrero.
Fuente: Télam
