Abrao integró la Comisión de Amnistía del Estado brasileño que promueve procesos de reparación y memoria para las víctimas de la dictadura que se extendió desde 1964 a 1985, integró el grupo que creó la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) y ejerció como Secretario de Justicia de Brasil.
Para él, la situación en la que se da a conocer el informe final de la CNV "es característica propia de la justicia trasicional, donde se avanza en términos de reparación en la búsqueda de la verdad y en procesos de incrementos en políticas públicas de memoria, pero donde nunca se cuestiona la impunidad de los agentes perpetradores de los delitos como si eso representase un acuerdo intocable, histórico, de un pasado intocable".
El informe presentado por la presidenta Dilma Rousseff el pasado 10 de diciembre detalla en 4.500 páginas miles de casos de persecución y torturas y cita como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía viven. Los acusados, sin embargo, no pueden ser juzgados penalmente debido a la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo de ese país.
En la misma presentación de ese documento, Rousseff, ex detenida política y víctima del terrorismo de Estado, recibió el documento y celebró que "Brasil reciba a la verdad" pero también mencionó "los sacrificios" que demandó ese camino a la democracia, haciendo referencia indirecta a la Ley de Amnistía y su función clave en cuanto a la reparación y transición democrática.
"Así como respetamos y honramos a todos los que lucharon por la democracia, a todos los que cayeron en esa lucha enfrentando la truculencia ilegal del Estado, también reconocemos y honramos los pactos políticos que nos llevaron a la redemocratización", subrayó en aquella oportunidad.
En esa línea, la idea central que está en disputa, explicó Abrao, es si Brasil internalizará o no los principios jurídicos del orden internacional, como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) u otros tratados internacionales que son signatarios desde décadas pasadas y que establecen "que los estándares de los delitos contra la humanidad son indescriptibles" y, por tanto, no pueden ser objeto de una amnistía.
"Esa es una disputa política pero que hoy se procesa por dentro del sistema judicial. Si avanzaremos o no en eso, en esa realización de justicia para las víctimas es algo que dependerá de la capacidad de la movilización social que la difusión del informe de la Comisión de la Verdad de algún modo generó, porque en sus recomendaciones se marcó la importancia de superar todos los obstáculos para la protección de las víctimas, y se afirmó que esos delitos fueron cometidos de una forma sistemática, constituyendo crímenes contra la humanidad", subrayó el especialista.
Para Abrao, el castigo penal para los responsables ya identificados por el informe puede darse en un futuro pero ello dependerá de la convergencia entre los dos aspectos: movilidad social y decisión política.
"La dinámica política brasileña depende necesariamente de estímulos que vengan desde afuera, por eso es necesario que se mantenga en agenda la transición aún pendiente como un eje estratégico de movilización social".
También mencionó "otros actores importantes" en este proceso que puede levar al camino de la justicia: "Dentro de la fiscalía brasileña están presentando propuestas judiciales para contrarrestar la Ley de Amnistía en algunos casos porque consideran que Brasil tiene la obligación de implementar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", indicó.
Fuente: Télam
