"El moderado impuesto a la tierra que quiso imponer (el presidente José) Mujica fue declarado inconstitucional, como muchas otras leyes (por ejemplo, en derechos humanos), lo que nos impide avanzar en los impuestos a la propiedad", recordó.
En ese sentido, Moreira destacó que "la Suprema Corte esta (ahora) muy activa en cuanto a inconstitucionalidad, cosa que no lo estuvo durante los últimos 50 años", y eso "tiene que ver con lo que se está poniendo en juego".
"Por eso creemos en una reforma constitucional para cambiar el sistema de Justicia; para lograr colocar el tema de la propiedad social, como se ha hecho en otros países de América Latina", dijo, pero reconoció que también aquí hay posiciones encontradas en el FA con vistas al próximo Congreso del 24 de noviembre.
Lo cierto es que un plenario del FA resolvió habilitar las dos candidaturas presidenciales: la de Vázquez, "apoyada por los principales grupos", como el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista y el Comunista; y la de Moreira, respaldada por el Partido de la Victoria del Pueblo (PVP), otros grupos y personalidades como Eduardo Galeano.
"Se empezaron a sumar personas, dirigentes y otros grupos en respaldo a nuestra candidatura", dijo, en una disputa que se resolverá en el Congreso frenteamplista, denominado Hugo Cores -como homenaje a un diputado del PVP fallecido en el 2006-, del que participarán unos 2.000 representantes de comités de base.
"Ya lo de Mujica (su candidatura presidencial) fue un gran riesgo, porque para muchos no tenía la estatura presidencial que la meritocracia uruguaya considera adecuada: no era un doctor, un señor", ironizó.
Pero también recordó que la "elección de Mujica representó, para muchos, que un segundo gobierno del FA debía significar más los temas propiamente de izquierda, (sobre todo) frente a la candidatura de (Danilo) Astori", que se le oponía en la interna.
"Estas tensiones entre una izquierda más moderada, más de centro, que se niega a que la palabra socialismo integre el programa, y una izquierda más de izquierda, supone que hay que darle una representacion" a este último sector, frente al que hoy representa Tabaré, opinó Moreira.
Según la senadora, pese a todo se avanzó en la despenalización del aborto, en el matrimonio igualitario, en la regulación de la marihuana, pero dijo que "son todas cosas de la socidad civil que presionó al parlamento y al gobierno, el que dejó hacer".
Pero también señaló que en el primer gobierno frenteamplista, el presidente Vásquez vetó la ley que despenalizaba el aborto.
"Tampoco quiero un gobierno que vete las decisiones de su propia bancada o que no gobierne con su fuerza política", deslizó.
A su juicio, "la fuerza política tiene que estar un poco más a la izquierda que el (bloque del) parlamento y éste un poco más a la izquierda que el gobierno".
En la cuestión del castigo a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), recordó el intento fracasado de la izquierda entre 1986 y 1989 por terminar con la ley de Caducidad, que garantizaba la amnistía a los represores.
"Luego vino casi una década de silencio e impunidad" con los gobiernos conservadores del Partido Colorado y del Partido Blanco, y "siempre limitados por unas fuerzas armadas bastante intocadas después de la dictadura".
Según la senadora se logró avanzar cuando la justicia declaró inconstitucional la ley de Caducidad, lo que permitió desarchivar los juicios, pero, reprochó, "ahora se dice que eso no importa porque los delitos prescribieron, ya que en el momento que se cometieron no eran de lesa humanidad sino comunes".
También expresó su preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema que procesa por "delito de asonada" a históricos jefes guerrilleros y dirigentes de gremios docentes que protestaron por el "traslado de la jueza (Mariana) Mota, la más especializada en materia de derechos humanos, lo que me parece una barbaridad".
"Para nosotros es un precedente muy peligroso, porque empieza a judicializar la protesta social", enfatizó.
En materia de política exterior, Moreira, dijo que "la Alianza del Pacífico es un acuerdo de países liberalizados fuertemente ligados con Estados Unidos, que poco tienen que ver con el Mercosur, con fuerte impronta política".
"Tenemos que tener una política exterior muy clara de apoyo al llamado ´eje del mal´, Venezuela, que ya ingresó al Mercosur, Ecuador y Bolivia, que están pidiendo entrar".
Fuente: Télam
