Horas antes de esta declaración, Hilário acompañó al candidato socialdemócrata Aécio Neves en su visita a esta favela en la zona sur de Río de Janeiro, la primera en beneficiarse con la política de seguridad del gobierno regional de instalar puestos permanentes de policía en comunidades que antes eran controladas por bandas de narcotraficantes.
La visita de Neves estuvo marcada por la ausencia de moradores, muchos de los cuales admitieron no conocer al tercer candidato con mayor intención de voto en Brasil, según la encuestadora Datafolha.
Una fuente de la asociación de vecinos de Rocinha, la favela más poblada de las 763 que hay en Río de Janeiro, explicó que "el desconocimiento es mutuo, la gente está cansada y a la hora de votar la mayoría sigue a la mayoría (al candidato favorito)".
Este comportamiento pudo ser decisivo en 2010, cuando la entonces candidata del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, fue elegida presidenta con un respaldo superior al 73,7 % en las favelas de la Cidade Maravilhosa durante la segunda vuelta.
Una semana antes de los comicios, Rousseff y su equipo de campaña visitaron la favela de Cantagalo, también en la zona sur de Río.
El candidato socialista Eduardo Campos, fallecido la semana pasada, y su sucesora, la ecologista Marina Silva, tenían programada una visita a principios de agosto al Complejo del Alemán, en la que tendrían como anfitrión el exfutbolista, y candidato a senador Romario, nacido en la cercana favela de Jacarezinho hace 48 años.
La visita fue aplazada por el mal tiempo y la muerte de Campos en un accidente aéreo terminó cancelándola.
Pero las visitas de los candidatos a las favelas también generaron polémica por la supuesta intervención de bandas de narcotraficantes que aún dominan algunas barriadas.
"Me niego a tener que pedirle permiso a alguien", dijo el diputado regional Luiz Paulo Corrêa al explicar que tuvo que cancelar una visita a la Rocinha por amenazas de pistoleros.
Al igual que Corrêa, varios políticos figuran en la lista de candidatos prohibidos elaborada por narcotraficantes y parapoliciales en las favelas que siguen controlando.
Un informe del canal O Globo reveló que algunos grupos exigen el pago de hasta 100.000 reales (43.500 dólares) a los políticos que quieren llevar su propaganda electoral a los territorios que controlan.
Once millones de brasileños, el 6 % de la población, viven en favelas, según los datos del Censo de 2010.
Fuente: Télam
