La confirmación fue hecha a Télam por diversas autoridades locales del citado municipio ubicado en el departamento de Putumayo y por una funcionaria de la Red de Solidaridad, organismo nacional que se encuentra en la zona para tratar de socorrer el desastre ecológico y social producido por las fumigaciones.
"No se hace distinción entre los cultivos lícitos o ilícitos, entre personas humanas, animales ni salud ambiental. Las consecuencias caóticas que está generando este proceso son para tener en cuenta, ya que el caos social que puede ocasionar es de gran dimensión", relató el Defensor del Pueblo (Personero) de La Hormiga, Leandro Romo. (Télam)
