Según datos de los gremios convocantes -la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL)-, en Roma, alrededor de 40 mil personas participaron en una manifestación, mientras que en Turín otra importante marcha reunió a más 70 mil y otras decenas de miles se expresaron en Génova y Milán.
En la convocatoria, con respaldo en los sectores público y privado según la CGIL y la UIL, contribuyó la adhesión de los trabajadores del transporte, que en Roma cerraron las tres líneas de metro, mientras en otras grandes ciudades los medios de transporte o no operaron o lo hicieron de manera restringida.
El paro provocó también problemas en los aeropuertos, donde las principales compañías se vieron obligadas a retrasar o cancelar varios de sus vuelos y ofrecer a sus pasajeros la alternativa de cambiar el billete en forma gratuita o, en algunos caso, reembolsar su costo, informó la agencia de noticias EFE.
En Turín se produjeron algunos altercados violentos cuando manifestantes intentaron derribar una barrera policial para continuar con sus protestas, lo que desencadenó una carga policial con gases lacrimógenos y bastones de goma sin que se reportaran heridos.
También en Milán la protesta alcanzó niveles de tensión cuando algunos participantes comenzaron a lanzar huevos, piedras y petardos contra la policía, un encontronazo que se saldó con 11 heridos.
Hubo también represión policial en Roma, donde la marcha partió de la plaza del Esquilino para llegar al centro de la capital, hasta la plaza Santi Apostoli, en la que los manifestantes expresaron sus reivindicaciones.
El presidente de la República, Giorgio Napolitano, señaló en Turín que la amplia convocatoria de la huelga general constituye la constatación de una "destacada tensión" entre el gobierno y los sindicatos.
Renzi y su ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, habían anunciado su determinación a continuar con las reformas económicas y laborales -para las que recibieron todo el apoyo del Parlamento- con independencia del apoyo a la movilización.
Padoan consideró que la huelga no es más que la constatación ante los socios europeos de que Italia está ejecutando las reformas encomendadas.
Quizás previendo el duro golpe de hoy, Renzi buscó impedir por decreto la huelga en el transporte ferroviario, lo que suscitó la ira de Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL, sindicato ligado al Partido Democrático (PD), del que Renzi es secretario general.
"Se trata de un hecho gravísimo, porque es una explícita violación de la ley" afirmó Camusso. Al final, el gobierno dio marcha atrás.
Tras la movilización de hoy, Camusso, redobló la apuesta y declaró que el premier "debe saber que no se cambia un país sin los trabajadores".
"Renzi ha dicho que nos respeta: obviamente debe respetar a millones de trabajadores", añadió, al afirmar que el gobierno puede elegir entre dos opciones: "o dispara el conflicto o prueba a dialogar con nosotros".
La movilización de hoy configura tan sólo un ejemplo de las enormes dificultades que Renzi encuentra para sacar al país de la crisis.
La situación económica empeora sin tregua, con el país hundido en una larga recesión: la renta real de los ciudadanos es hoy más baja que hace 15 años y la deuda externa sigue en aumento, llegando a superar los dos billones de euros, casi el 130% del PBI.
A la desazón de Renzi por el panorama anterior se suma la incertidumbre respecto a la ley electoral, que el premier había definido como prioritaria en el marco de su reforma institucional.
Renzi la quería aprobar antes de que acabara diciembre, una empresa prácticamente imposible a la vista de la dura oposición que encontró en el Parlamento, donde enfrenta la rebeldía del ala izquierda de su partido.
El proyecto del gobierno sobre la ley electoral perdió una votación en una comisión parlamentaria quedándose en minoría y el premier se vio obligado a amenazar con elecciones anticipadas.
Renzi viene en baja en el apoyo ciudadano y aunque éste aún es alto -llegó a superar el 60% según las encuestas- hoy no llega al 50%.
Fuente: Télam
