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Marcha atrás de Uribe al canje humanitario con las FARC

El presidente de Colombia retrocedió con su predisposición a un intercambio de rehenes por guerrilleros presos al asegurar que "el único acuerdo" posible es que "liberen unilateralmente" a los secuestrados. El cambio de postura fue calificado como "poco serio" por ex cautivos.
(DIARIOC, 13/02/2009) El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, pareció retroceder con su predisposición a un canje humanitario de rehenes por guerrilleros presos al asegurar que "el único acuerdo" posible es que "liberen unilateralmente" a los secuestrados, lo que fue cuestionado por ex retenidos.

"El único acuerdo humanitario que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados, y que cesen los actos de violencia y que hagan la paz", remarcó Uribe, al concluir anoche una reunión con delegados de la iglesia católica en Bogotá.

Según las agencias ANSA y DPA, el accionar de las FARC se parece al del extinto jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, porque "quieren engañar al país con política, y al mismo tiempo quiere arrodillar al país con carros bombas, crueldad y asesinatos".

El presidente también negó la posibilidad de un retorno al país de los guerrilleros Simón Trinidad y Sonia, extraditados a Estados Unidos y condenados allí por delitos de narcotráfico.

Cada vez que se especula con la chance de un canje, las FARC pretenden no sólo la libertad de cerca de 500 insurgentes presos en Colombia, sino también el retorno de Simón Trinidad y Sonia, que "están en Estados Unidos por narcotraficantes, y no fueron extraditados por insurgencia ni por sedición". Con las libertades unilaterales que la guerrilla hizo la semana pasada al grupo Colombianos por la Paz, quedan 22 militares y policías.

Según medios colombianos, las FARC tienen además otros 700 secuestrados que buscan liberar a cambio de dinero. Hoy, en declaraciones que hizo al ingresar a la Universidad de Medellín, Uribe fue todavía más allá de rechazar el canje al anunciar que dio instrucciones al Ejército y la Policía para "intensificar la presión sobre los secuestradores, terroristas de las FARC, hasta que liberen a nuestros soldados y policías".

La semana pasada, tras la entrega del ex gobernador Alan Jara, Uribe había señalado que estaba "listo" para negociar un canje "en serio", y ayer la senadora Piedad Córdoba, líder de Colombianos por la Paz, consideró que para mayo podrían estar muy avanzadas las gestiones para ese entendimiento.

El giro en la postura de Uribe fue cuestionado hoy por los ex congresistas Eladio Pérez y Orlando Beltrán, ambos ex rehenes de las FARC, quienes calificaron de "desconcertante" y "poco serio" el cambio del mandatario.

Para Beltrán, liberado por el grupo rebelde hace un año, el cambio de parecer de Uribe hace que los rehenes y sus familiares "estén pasando sus peores momentos". "De verdad que esta no es una posición seria.

Me parece que el señor presidente debe modificarla", remarcó. Por su parte, el ex senador Luis Eladio Pérez, que también recuperó la libertad hace un año, juzgó "desconcertantes" las palabras de Uribe, y reseñó que el día de la entrega de Jara había dado esperanzas a los rehenes y a sus familias al decir que estaba "listo" para llegar a un acuerdo con las FARC.

Pérez dijo que "lo ideal" es que las FARC entreguen a los secuestrados de forma unilateral, pero que esto difícilmente ocurra, porque las liberaciones de la semana pasada fueron las últimas del grupo guerrillero sin contraprestación.

"Eso es vergonzoso, no se piensa en el sufrimiento humano", lamentó Pérez, tras advertir que priman los intereses políticos, porque Uribe supone que llegar a un acuerdo con las FARC significaría una señal de debilidad, impropia en un gobierno que desde 2002 ordenó a las fuerzas militares aumentar la ofensiva contra la guerrilla.

La nueva polémica en torno del canje se dio el mismo día en que la Policía reveló que las FARC ofrecieron grandes sumas de dinero a sus integrantes para que asesinaran a altos oficiales de la institución armada en la ciudad de Cali, según una denuncia del comandante de la Policía local, general Adolfo Ricaurte. "Tenemos unos documentos que son objeto de análisis.

En ese listado hay unos oficiales con nombres propios y están señalados con una cantidad de dinero hasta de 28 millones de pesos (unos 11.200)", declaró el oficial a emisora la W, según la agencia DPA.(Telam)

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