Marulanda, miembro del Partido Liberal, fue alcalde, legislador y constituyente en 1991, y candidato a vicepresidente de Horacio Serpa en las presidenciales de 2006. Años más tarde, apenas iniciado el proceso de diálogo, en octubre de 2012, el gobernador de de Antioquia, Sergio Fajardo (Partido Verde), lo convocó para elaborar políticas para el posconflicto.
El detalle significativo del acuerdo anunciado el miércoles por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño -alias Timochenko y Timoleón Jiménez- es que se incluye a la fuerza pública.
"Me sorprendió que el gobierno aceptara eso, porque aunque estaba claro que iba a tener que tener un comportamiento simétrica, la fuerza pública había advertido que eso sería humillante para ellos", señaló.
Para Marulanda, este acuerdo deja el camino preparado para la firma definitiva de la paz que, además, traerá aparejado una aceleración de un proceso similar con la otra organización insurgente de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"El camino que queda es más fácil, pero la implementación de lo que se acuerde será compleja, porque toca muy profundamente toda la estructura del Estado, con exigencias muy grandes a la institucionalidad, con trámites, leyes sobre temas calientes como la titulación de tierras, además de una reforma constitucional", explicó.
Si se saca anticipadamente al ELN del mapa de conflicto, aún quedan en Colombia el narcotráfico y resabios de las organizaciones paramilitares, desmovilizadas en 2002, durante el gobierno de Alvaro Uribe, mediante un acuerdo tanto o más blando que el que ahora el gobierno de Santos estableció con el acuerdo de justicia transicional para las FARC.
Para Marulanda, sin las guerrillas en el escenario de la violencia, la confrontación cambia radicalmente porque "el paramilitarismo no tiene la misma estructura que tuvo hasta 2002, sino que son grupos desarticulados".
Los antecedentes no son un tema menor en Colombia. Cuando en 1985 se fundó la Unión Patriótica, con partidos de izquierda y desmovilizados de las FARC y el ELN, sobrevino una masacre, en la que los paramilitares ejecutaron a dos candidatos presidenciales, congresistas, diputados, concejales, alcaldes y unos 5.000 militantes.
"Es un antecedente a tener en cuenta. La desmovilización y participación en política también va a generar violencia. La reintegración de estas personas a la vida civil y política va a implicar una reestructuración de temas de seguridad muy compleja, donde pesará el antecedente de la UP", dijo Marulanda.
Dirigente avezado, el entrevistado señaló que para hacer frente a "la tarea titánica" de implementar la paz, el gobierno deberá contar con un fuerte respaldo político, que no tiene asegurado.
"La mayoría que tiene el gobierno en el Congreso es una suma del Partido de la U, el Conservador, el Liberal, Cambio Radical y otras fuerzas". "Es una colcha de retazos, pero tiene que afianzar esa coalición para trabajar en el plebiscito con el que seguramente se va a refrendar el acuerdo y también en la reforma constitucional", explicó.
El gobierno afronta una prueba crucial para esto en las elecciones del 25 de octubre, en las que se elegirán todos los cargos de gobernador para abajo, frente a una oposición bastante consolidada detrás de la figura de Uribe, principal detractor de las negociaciones con la guerrilla.
Además, el conflicto limítrofe con Venezuela, aún abierto, también ha tenido costo político para el oficialismo, y no sólo en los departamentos fronterizos, sino en todo el país, ya que los colombianos radicados en territorio venezolano son de múltiples orígenes.
La economía también será un factor determinante. Marulanda, economista de profesión, confió en que el éxito del proceso de paz pero admitió que "para implementar estos acuerdos hace falta dinero. Tienen que llegar inversiones", sobre todo luego de la baja internacional del petróleo y otros minerales, que "afectó mucho la situación fiscal" de Colombia.
"Si estos temas se resuelven implica cambiar el plan de desarrollo, cambiar el presupuesto. Los acuerdos no están reflejados en el plan de desarrollo ni en el presupuesto nacional. Si se parte de un acuerdo, tendrá que haber un cambio total en las finanzas públicas, tendrá que haber nuevos impuestos, lo que es difícil porque el año pasado hubo una reforma fiscal que fue dura", comentó.
"En el momento en que eso suceda hay un punto de partida de la recuperación económica para el país, que es dejar las armas. Que no sabemos todavía cómo es la fórmula, que lo están negociando ahora. En el momento en que ese proceso empiece, a los dos meses de que se firmen los acuerdos, en el momento en que eso sea evidente, ahí empieza una recuperación en la actitud y en la iniciativa de inversión para mover la economía. Si a eso se le suma la inversión pública, este país va a volar", concluyó.
Fuente: Télam
