"Era y es indispensable combatir a la industria del crimen, particularmente, del crimen organizado transnacional justo en el corazón de sus actividades: en el flujo de dinero que le da poder para corromper autoridades, para intimidar a los ciudadanos y para expandir sus actividades ilícitas", señaló Calderón al promulgar la norma, según informó la agencia DPA.
La ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita establece límites al uso de dinero en efectivo en operaciones de adquisición de bienes y actividades vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos.
También regula la comercialización de tarjetas de crédito o de prepago; el otorgamiento de préstamos o créditos, como los otorgados por las casas de empeño; la construcción, el desarrollo y la compra-venta de bienes inmuebles; la comercialización de obras de arte, de piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates, entre otros.
"Con estas medidas se impedirá que los grupos criminales laven su dinero sucio y acumulen fortunas lícitas, que tanto ofenden y agravian a los ciudadanos, a partir de actividades ilícitas y criminales, como las que desarrollan", afirmó Calderón.
El mandatario dijo que la ley también obligará a los intermediarios no financieros a cumplir con obligaciones como verificar la identidad de sus clientes y sus usuarios; solicitarles información sobre su actividad, su ocupación o su fuente de ingresos, así como conservar y proteger por cinco años la documentación sobre dicha información.
El Congreso, que aprobó el jueves la ley, también dispuso la creación de una Unidad Especializada en Análisis Financiero, que investigará operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita y dependerá de la Procuraduría General.
La ley de lavado de activos era uno de los proyectos complementarios de la lucha contra el narcotráfico de mayor importancia para el gobierno de Calderón, quien dejará el poder el 1 de diciembre con duras críticas hacia su política de militarización del combate al crimen organizado, que causó durante su mandato unos 60 mil muertos.
Fuente: Télam
