La norma establece que si la Justicia considera procedente la "declaración de ausencia" de un individuo, se deberá "garantizar la continuidad" de su "personsalidad jurídica", así como la patria potestad de sus hijos menores
También debe asegurarse la protección de su patrimonio personal, "incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes".
Asimismo, la ley obliga a garantizar "la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones" de las personas desaparecida.
Pese a que la ley fue sancionada en mayo pasado, sólo la semana pasada el sector empresarial inició una campaña contra la norma, a la que considera inconstitucional.
El Grupo Empresarial Lagunero (GEL), una de las principales organizaciones patronales de la región, decidió el viernes presentar un recurso de amparo contra la ley, bajo el argumento de que "va a evitar" que las empresas "generen más empleos", informó la agencia de noticias EFE.
Sergio González, vocero del GEL, reclamó al Estado que se haga responsables de la situación de los desaparecidos "a través del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), de alguna institución, mediante un fideicomiso o un seguro de vida".
El secretario de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Juan Torres Landa, sostuvo que la ley es una "declaración política sin ningún tipo de mérito técnico" que "intenta tapar el sol con un dedo".
A juicio del dirigente, las empresas "no sólo no tienen seguridad sino que encima tienen que pagar por la falta del Estado", lo cual configura una "lógica" que llevará a que "todas las empresas quebrarán".
Torres Landa agregó que el cuestionado régimen "se puede prestar a muchas situaciones irregulares" y mencionó la posibilidad de que personas abandonen Coahuila para emigrar ilegalmente a Estados Unidos con la seguridad de que sus familiares podrán subsistir con los sueldos que sus empleadores deberán seguir pagándoles.
En cambio, el poeta y activista Javier Sicilia -cuyo hijo despareció junto a seis amigos en 2011- defendió la ley porque "mientras la persona no aparezca no se pueden conculcar sus derechos".
El escritor subrayó que "la obligación por parte de los empresarios es presionar para que el Estado aparezca a esas personas".
Sicilia agregó que "los empresarios pueden tener mecanismos más eficientes para presionar al gobierno, como parar las empresas o no pagar impuestos".
Un informe oficial divulgado a principios de mayo indicó que la cantidad de personas desaparecidas en México aumentó más de 50 por ciento en poco más de un año, de 27.500 a fines de 2012 a 42.300 este año, aunque 37 por ciento de éstas eran fallecidos no identificados.
De los 42.300 desparecidos actuales, casi 16.000 son fallecidos no identificados y sólo 726 están registrados como víctimas de desaparición forzada e involuntaria, detalló un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal).
La cantidad actual de personas cuyo paradero se desconoce representa un aumento de 53,82 por ciento en relación con las 27.500 acumuladas durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón, finalizado en diciembre de 2012, y consignadas por un informe de la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior) difundido en junio de 2013.
El trabajo de la CNDH sostuvo que "los derechos humanos no han podido garantizarse de manera plena" en el país y advirtió que no existía al respecto coordinación entre autoridades federales y estadales.
De hecho, un diagnóstico del Programa Federal sobre Derechos Humanos señaló que apenas 6,2 por ciento de los estados federados tienen diagnósticos sobre su situación en la materia y se fijó la meta de que al terminar el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, a fines de 2018, haya registros en al menos 71 por ciento de los distritos.
Fuente: Télam
