Todo parecía dispuesto esta tarde para que se cumpliera la pena, luego de que las autoridades ejecutivas y judiciales de Texas rechazaran todos los pedidos para aplazarla, incluso los de los gobiernos de México y Estados Unidos, así como los recursos interpuestos en los últimos días por los abogados de Tamayo.
El reo ya había sido trasladado desde Livingston, en cuya prisión estuvo recluido hasta este mediodía, al penal de Huntsville, a 65 kilómetros de aquélla y a 216 kilómetros al noreste de Austin, la capital de Texas.
Estaba "tranquilo y resignado", dijo que "estaba listo para irse, que 20 años en la cárcel ya era mucho", y tomó costillas de cerdo, arroz, vegetales verdes, café y té en lo que parecía ser su última cena, reveló Jason Clark, vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas, informó la agencia noticiosa Notimex.
Por la mañana, aún en Livingston, había recibido durante dos horas a sus padres y luego, por un lapso similar, a sus dos hijas, para despedirse. "Está bien", comentó escuetamente Héctor Tamayo tras haber visitado a su hijo.
Mientras tanto, dos de los últimos recursos de la defensa del mexicano eran rechazados.
Primero, la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas, por seis votos a favor, una abstención y ninguno en contra, denegó el pedido de clemencia, reportó el diario en español La Voz de Houston.
Más tarde, los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Texas resolvieron, por unanimidad, rechazar el recurso presentado por los abogados de Tamayo para frenar la ejecución, consignó la agencia DPA.
Luego de ello, las únicas esperanzas, que parecían improbables, quedaban cifradas en la facultad de la Corte Suprema federal y del gobernador tejano, el republicano Rick Perry, de intervenir para aplazar la sentencia.
Perry, gobernador del estado desde 2000, es un conocido defensor de la pena de muerte, igual que su antecesor, George Walker Bush, quien propuso instaurarla en todo Estados Unidos tanto en sus campañas proselitistas para la Presidencia como incluso en el gobierno federal, que ejerció entre 2001 y 2009.
De 47 años y con un diagnóstico de "discapacidad mental leve", según el diario mexicano Excelsior, Tamayo fue condenado a muerte tras haber sido hallado culpable de haber asesinado a un policía, en enero de 1994, en Houston.
Su caso forma parte del llamado Fallo Avena, como se conoce a una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que en 2004 estableció que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena con respecto a 51 mexicanos condenados a muerte porque no se respetó su derecho a recibir asistencia consular.
Tanto los abogados de Tamayo, como organismos internacionales -entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas y la Unión Europea- e incluso los gobiernos de México y Estados Unidos reclamaron, hasta ahora sin éxito, la suspensión de la ejecución.
La Casa Blanca pidió ayer "un retraso" de la ejecución que permita efectuar "una revisión y reconsideración" de la sentencia, y advirtió sobre las consecuencias que el caso puede tener en materia internacional.
Asimismo, el gobierno de México declaró el domingo que la ejecución representará "una clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena", aunque valoró "los esfuerzos" de Washington en procura de que Texas acate el Fallo Avena.
Fuente: Télam
