Al acoger el pedido del fiscal nacional Sabas Chahuán, Escobar resolvió enviar a la cárcel, mientras se desarrolla el proceso, a Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, los dueños de Penta, quienes de resultar culpables podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de prisión.
Además, decretó la misma medida para otros cuatro imputados, entre ellos Pablo Wagner, ex viceministro de Minería durante el gobierno de Piñera (2010-2014), y Hugo Bravo, el ahora ex gerente general del holding.
Los seis procesados ingresaron de inmediato a la cárcel Capitán Yaber, situada a sólo unos metros de los tribunales donde esta mañana fueron notificados de la medida judicial.
La prisión preventiva pretende servir al "éxito de la investigación" dijo hoy el juez, tras escuchar durante tres días los alegatos en el Centro de Justicia de la capital chilena, donde la fiscalía acusó al grupo empresarial de ser "una máquina organizada para defraudar".
El cuestionado holding es uno de los doce grupos económicos más grandes del país y tiene millonarios intereses en la banca, en seguros, en fondos de pensiones, instituciones de salud privados y en compañías inmobiliarias.
A otro de los imputados en el caso, el ex senador y asesor de Penta Carlos Bombal, de la UDI, el juez le prohibió salir del país y le ordenó que se presente semanalmente a firmar a un tribunal.
El caso estalló a mediados del año pasado después de que el entonces gerente general, Hugo Bravo, fuera cesado en su cargo en la empresa en la que había trabajado durante más de 30 años, tras ser acusado ante los tribunales por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de obtener devoluciones de tributos de forma fraudulenta de sus empresas personales.
El ex ejecutivo, de 69 años, demandó luego ante los tribunales laborales a los propietarios de Penta por despido injustificado y daño moral, y les exigió una millonaria indemnización, pago que sus ex empleadores rechazaron.
Tras acudir a la justicia por su despido, Bravo, conocedor y partícipe de lo que ocurría, denunció las millonarias contribuciones ilegales que hacía Penta principalmente a las campañas políticas de la UDI, fundado en 1983 como brazo político del dictador Augusto Pinochet e integrante de la alianza opositora chilena junto con Renovación Nacional (RN).
Délano y Lavín fueron históricamente afines a la UDI, Bombal fue alcalde de Santiago durante la dictadura (1973-1990) y después senador y vicepresidente del partido, y Wagner renunció el pasado noviembre a su militancia, tras se imputado en este caso.
El escándalo Penta provocó una crisis en el interior de la alianza de derecha que ostentó el gobierno del país hasta 2014 y una fuerte caída en la confianza ciudadana, a punto tal que en la medición de enero de la tradicional encuestadora Adimark cifró en 78% su índice de desaprobación pública.
La Fiscalía, tras la revisión de correos electrónicos y facturas de Penta, descubrió que los actuales senadores Iván Moreira y Ena von Baer, ambos de la UDI, demandaron pagos irregulares a Penta para sus campañas políticas de 2013.
Tras una audiencia que comenzó el pasado miércoles en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el juez Juan Manuel Escobar expuso hoy su resolución, que involucra a los controladores y ejecutivos del Grupo Penta, un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares y a ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, entre otros.
En enero último Moreira reconoció en una declaración pública que habían existido irregularidades en el financiamiento de su campaña, pero aclaró que lo había hecho para "solventar una difícil contienda electoral" porque, al contrario de otros políticos chilenos, no cuenta con "patrimonio personal".
Fuente: Télam
