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Jueves 28 de Marzo de 2024
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Organizaciones de DDHH impulsan una ley para preservar los centros de detención de la dictadura

Las organizaciones que trabajan en el Congreso por una ley que preserve los centros de detenciones-desapariciones de la dictadura de Alfredo Stroessner como sitios de la memoria, confían en que la presión internacional obligue a la justicia paraguaya a abrir procesos por violaciones a los derechos humanos contra ex militares y policías.
La titular de la Comisión de Verdad y Justicia, Yudith Rolón, explicó que las organizaciones registran "620 expedientes de casos de desapariciones, coacción sexual, ejecuciones extra sumariales y torturas, que ya fueron entregadas a la Fiscalía" y vinculó la chance de abrir procesos en Paraguay a lo que pueda pasar en Argentina con la denuncia presentada ante el juez Norberto Oyarbide.

"Oyarbide ya envió exhortos a Asunción para que se informe qué pasó con esas causas. Y tenemos la esperanza de que Argentina se declare competente por la falta de investigación en Paraguay de estos hechos. Internamente esto genera presión, y va a llegar un momento en el que la impunidad va a ser intolerable. Y si no quieren extraditar a los responsables que todavía están vivos, van a tener que iniciarse indefectiblemente procesos acá", explicó Rolón, en charla teléfonica con Télam desde la capital guaraní.

Hija de padre desaparecido -lo llevaron cuando ella tenía apenas 8 meses- integrante de las Ligas Agrarias Cristianas, Rolón destacó que los dirigentes de organizaciones de DDHH "sueñan con que pueda darse un proceso como el que se dio en Argentina, en Uruguay, en Chile" para encarcelar a quienes violaron derechos humanos durante los 35 años de la dictadura de Stroessner, la más larga de la región.

La dirigente reivindicó también la búsqueda de una ley que preserve lugares que fueron centros de detención durante el stroessnerismo, para lo que las entidades trabajan actualmente con diputados y senadores y reciben asesoramiento de la Red Federal de Sitios de Memoria argentina, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) y depende de la Secretaría de Derechos Humanos nacional.

"La tarea empezó después del hallazgo de los Archivos del Terror -documentación sobre el Plan Cóndor, que coordinó la represión en el Cono Sur-. La Comisión de la Memoria que funcionó del 2004 al 2008 dejó varias recomendaciones para preservar lugares como sitios en los que ocurrieron delitos, y que pudieran servir como pruebas en eventuales juicios", reseñó Rolón.
Ya como Comisión Verdad y Justicia, dentro de la Defensoría del Pueblo, desde el 2009, el cuerpo logró que 10 edificios sean declarados "Sitios de la memoria", entre ellos algunos emblemáticos como la cárcel de Emboscada, que fue campo de concentración entre 1976 y 1978, en el departamento de Cordillera; y Abraham Cué, sede de la represión a las Ligas Agrarias, en el departamento de Misiones.

Aún así, hubo "un revés muy grande" durante el gobierno de Federico Franco -el liberal que siguió a Fernando Lugo-, porque "se hicieron reformas en Emboscada sin respetar la memoria y el espacio físico de lo que fueron las celdas de 600 presos", consignó Rolón, que remarcó que ahora se reclama un pabellón para actividades de promoción de los derechos humanos.

Otra queja de Rolón fue por algunas demoliciones en la comisaría 3ra. de la Policía Nacional, en Asunción, "un sitio emblemático, donde estuvieron presos por más de 19 años varios dirigentes del Partido Comunista". "Había inclusive un lugar al que llamaban 'el sepulcro de los vivos', porque los presos pasaban años sin ver la luz. Y así y todo, eso fue demolido, pese a que el propio Ministerio del Interior lo había reconocido como lugar de la memoria", lamentó.

En el Congreso, la iniciativa está en manos de los senadores Carlos Amarilla y Hugo Ritcher que ya hicieron el proceso de consultas con las dependencias del Estado y ahora harán lo propio con organizaciones. Se espera que este año el proyecto tenga al menos media sanción.

Lo central en el proyecto es que las instituciones que tengan dentro de su estructura sitios de memoria reserven presupuesto para su mantenimiento y que se les prohíba innovar, modificar o demoler edificios sin autorización de la Red Nacional de Sitios de Memoria.

"No creo que este gobierno tenga mucha voluntad de llevar adelante políticas de la memoria o de derechos humanos. Creo que hay doble discurso. Pero también hay muchos avances ya, y el país firmó acuerdos internacionales que establecen la obligatoriedad del Estado de asumir estas políticas. Aunque el Ejecutivo quiera no acompañar esto, la decisión del Congreso es fuerte en ese sentido", expresó Rolón.

La funcionaria se hizo eco de cierta "preocupación en la comunidad política" por algunos sondeos que registraron que cerca del 70 por ciento de los jóvenes prefiere una dictadura a un sistema democrático, "en parte porque no vivió el stroessnerismo, y también porque hay generaciones que no trabajaron al respecto".

La ley en debate, justamente, busca obligar al Ministerio de Educación a incorporar la problemática a los planes de estudio, disponer visitas guiadas a estos lugares y declarar un mes como "Mes de la memoria", para que en las escuelas en todos sus niveles se trabajen contenidos específicos.

Parte de lo que debe definirse es el número de lugares que incluirá la futura red, porque la Comisión de Verdad y Justicia señaló 80, pero los aportes de otras entidades y ciudadanos amplió esa lista a 230. La nómina incluye también espacios abiertos que fueron fosas de entierros clandestinos.

Una última cuestión pendiente es si los sitios protegidos se limitarán a los que tienen que ver con la dictadura de Stroessner o habrá también lugares emblemáticos pero de hecho posteriores y hasta de otras características, como la Plaza de Armas capitalina donde hubo muertos en el llamado Marzo Paraguayo de 1999; el supermercado asunceño Ykuá Bolaños, incendiado en el 2004 -con 364 muertos y unos 200 heridos-; y el predio de la masacre de Curuguaty, del 2012.

El informe más serio sobre víctimas de la dictadura es de la Comisión Verdad y Justicia, que señala que el proceso dejó 425 muertos y cerca de 20 mil detenidos, muchos de los cuales fueron torturados. Además, se sospecha que al menos unos 300 niños de pueblos originarios fueron separados de sus padres y vendidos o entregados a otras familias.

Fuente: Télam

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