"Espero que haya una rápida revisión de varias acusaciones de abusos realizadas por ex y actuales detenidos en Guantánamo y otras prisiones administradas por Estados Unidos y si son confirmadas, los próximos pasos implicarán responsabilidad para cualquiera que haya infringido la ley", señaló.
El lunes, el fiscal general estadounidense, Eric Holder, designó a un fiscal especial para investigar los casos de abusos a prisioneros por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) durante la administración de George W. Bush (2000-2008).
La medida fue adoptada después de que el organismo de supervisión de ética del Departamento de Justicia recomendara reconsiderar las acciones judiciales en contra de empleados de la CIA o contratistas por duros interrogatorios en Irak y Afganistán que fueron más allá de límites aprobados.
Pillay, ex jueza de crímenes de guerra de la ONU, dijo que el uso de lugares de detención secretos debe ser frenado y pidió la publicación de los nombres de los detenidos que actualmente son mantenidos en ellos.
"El secreto ha sido una parte importante del problema con este tipo de régimen de detención", comentó.
"Cuando guardias e interrogadores creen que están a salvo del escrutinio exterior y las garantías legales son evitadas, todas las leyes se vuelven muy fáciles de ser ignoradas", precisó Pillay, citada por al agencia de noticias Europa Press
Ex funcionarios del Gobierno de Bush, incluyendo al vicepresidente Dick Cheney, han negado que se hubiese recurrido a tortura y además han defendido las prácticas de interrogatorios como legales.
El ex vicepresidente estadounidense dijo hoy que la decisión del gobierno de Barack Obama de investigar las técnicas de interrogatorio de la CIA durante la era Bush sólo acrecienta "las dudas sobre la habilidad del gobierno" para garantizar la seguridad del país.
Pllay reiteró su apoyo al compromiso del presidente Obama, de cerrar el centro de detención estadounidense emplazado en la Bahía Guantánamo, Cuba, para el 2010.
Pero también pidió al Gobierno que revise urgentemente el estatus de detenidos en la instalación Bagram, en Afganistán.
Fuente: Télam
