Una docena de labriegos siguen prisioneros y más de 30 son calificados de prófugos tras el episodio en el cual fallecieron 11 campesinos y seis policías y que aún no fue esclarecido totalmente por la fiscalía, reportó la agencia Prensa Latina.
Los familiares comparecieron en un noticiero televisivo y denunciaron lo que consideran como violación de los derechos humanos por el mantenimiento de la prisión indefinida, demoras en las investigaciones y con varios convalecientes de heridas de bala sin suficiente atención médica.
Por su parte, el abogado defensor Guillermo Ferreiro acusó a la fiscalía de irregularidades en las investigaciones y por negarle el acceso a la carpeta con los expedientes y las supuestas pruebas obtenidas.
Destacó la informalidad en la notificación de los peritajes realizados en la zona del enfrentamiento, lo cual se hizo con cuatro días de retraso, hecho que despertó sospechas, según el jurista.
El abogado reiteró su apoyo al informe paralelo presentado sobre los hechos por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, confeccionado por un grupo de juristas y personalidades.
Ese documento eximió a los campesinos de responsabilidad en la muerte de los policías y dijo que francotiradores no identificados realizaron los primeros disparos con armas automáticas nunca halladas, lo que originó sospechas de una maniobra política.
Los hechos de Curuguaty desembocaron en un polémico juicio político al que se sometió al presidente constitucional Fernando Lugo, destituido en ese trámite parlamentario que no tuvo garantías mínimas de defensa, por lo que fue calificado como un golpe parlamentario.
Fuente: Télam
