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Viernes 19 de Abril de 2024
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Peña Nieto admitió que hay "desconfianza" y no autorizó a familiares de desaparecidos a inspeccionar cuarteles

El presidente mexicano no supo explicar por qué aún no visitó Iguala, donde hace más de cinco meses desaparecieron 43 estudiantes cuyos padres afirmaron que el gobierno no los autorizó a inspeccionar cuarteles.
Mientras tanto, un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se aprestaba a comenzar esta tarde una investigación independiente sobre la desaparición y el supuesto asesinato de los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, con el objeto de producir un informe dentro de seis meses.

En su confesión "más sincera" desde la desparición de los 43 estudiantes, según la entrevista que le hiciera el diario británico Financial Times, Peña Nieto -que llegó hoy a en visita oficial a Londres- reconoció que en su país existe una sensación de "incredulidad y desconfianza".

El gobierno mexicano debe "reconsiderar hacia dónde nos dirigimos", afirmó el mandatario, quien también se comprometió a luchar contra la corrupción en una forma "más eficaz", así como a terminar con el "estigma" de considerar a los políticos como "ladrones".

Peña Nieto "perdió momentáneamente la palabra", según la periodista que lo entrevistó, cuando se le preguntó por qué nunca visitó Iguala, en el estado sureño Guerrero, para mostrar solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos.

Luego de un momento de silencio, el mandatario respondió: "Eso no significa que no hemos hecho lo que se debe. El Presidente no tiene por qué ir en persona, tenemos gobernantes ahí".

En tanto, el abogado de los familiares de las 43 víctimas, Vidulfo Rosales, informó que el gobierno mexicano negó a los parientes el ingreso a cuarteles militares a pesar de que en enero había anunciado que accedería a esa petición.

La decisión fue notificada por el subsecretario de Gobernación (viceministro del interior), Luis Miranda, en una reunión que sostuvo con los familiares el viernes pasado en la capital mexicana.

"Fue un no rotundo por parte del subsecretario, ya hay una decisión tomada del Estado de que no es posible una visita a los cuarteles", declaró Rosales a Radio Fórmula.

El argumento del gobierno para cambiar su decisión fue "que había polarización" y un señalamiento de parte de los familiares de las víctimas contra el papel jugado por el Ejército en Iguala, lo que ya fue reiteradamente rechazado por las autoridades.

Aprovechando la visita de Peña Nieto a Gran Bretaña, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) entregó a la embajada de México en Londres una petición exigiendo el cese de las torturas en ese país.

Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, se reunirán mañana con la reina Isabel en una ceremonia oficial en el campo Horse Guards Parade, de Londres, y después se trasladarán en un carruaje al Palacio de Buckingham, donde se alojarán como invitados especiales de la monarca.

La sección británica de AI organizó el domingo un mitin frente a la embajada de México en el centro de Londres, poco antes de que el presidente mexicano y su esposa, una ex actriz de telenovelas, aterrizaran en el aeropuerto de Heathrow.

Un activista pro derechos humanos rompió frente a esa sede diplomática una piñata con el texto "Detengan las torturas en México", de la cual salieron, en vez de dulces, papelitos con las firmas de las 14.000 personas que apoyaron la petición.

Según AI, la aplicación de la tortura en México está "fuera de control". Durante la última década, el número de casos de tortura en ese país se ha sextuplicado, asegura la organización.

Asimismo, el grupo de expertos internacionales de la CIDH que llegó a México para investigar lo sucedido con los 43 estudiantes entre el 26 y el 27 de septiembre pasados está integrado por Alejandro Valencia y Ángela Buitrago (Colombia), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz (Guatemala) y Carlos Martín Beristain (España).

Las acciones del grupo abarcan la elaboración de planes de búsqueda con vida de los desaparecidos; el análisis de líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas.

Los expertos además se reunirán con organizaciones de la sociedad civil y autoridades para cumplir con sus tareas.

Fuente: Télam

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