La protesta busca también que no se hagan las elecciones regionales del 2015 en Guerrero, un objetivo central del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que actúa en solidaridad con los familiares de los estudiantes ausentes
La protesta busca también que no se hagan las elecciones regionales del 2015 en Guerrero, un objetivo central del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que actúa en solidaridad con los familiares de los estudiantes ausentes, para exigir castigo a los responsables de los hechos violentos ocurridos en Iguala.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Marco Antonio Adame Bello, representante del sector Acapulco del MPG, informó que en 10 de las 28 cabeceras municipales las actividades se encuentran paralizadas, entre ellas Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Chilapa y Ayutla de los Libres, consignó el diario La Jornada.
Desde el 23 de octubre, integrantes del MPG, con apoyo de organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y del Sindicato Único de Servidores Públicos, ocuparon el ayuntamiento de Acapulco, y desde entonces el alcalde Luis Walton Aburto cumple tareas en oficinas alternas.
Señaló Adame Bello que en la zona rural se advierte "mayor empatía con la idea de un cambio en el régimen político, mientras que en el sector urbano ha sido más complicado, porque hay mayor presencia de partidos políticos, y es ahí donde debe lucharse contra el clientelismo".
Uno de los casos emblemáticos es el del municipio de Tecoanapa, cuya alcaldía fue tomada el 30 de noviembre por comisarios municipales, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), y de la Ceteg, quienes declararon la desaparición de poderes e instalaron una asamblea municipal popular.
Tecoanapa es el municipio en el cual nació Alexander Mora Venancio, el único de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa cuya muerte se confirmó a partir de la identificación genética de dos fragmentos de huesos hallados en un basural de Colula, cerca de Iguala.
El mismo día, en Ayutla de los Libres, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) y de la Upoeg, conformaron el concejo municipal, luego de acusar a las autoridades locales de estar coludidas con el crimen organizado.
El 1 de diciembre, en Tlapa, la asamblea popular acordó integrar el concejo municipal, retomando en su proyecto los usos y costumbres que rigen a los pueblos originarios, para luchar por la aparición de los 43 normalistas.
Voceros de estos movimientos vienen denunciando además que los curas de las diócesis de la región que apoyan la demanda de Ayotzinapa fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas, y, en algún caso, como el del sacerdote Gregorio López, asesinado.
López, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves en Tierra Caliente, una semana después de ser secuestrado, murió de asfixia, según un informe que dio a conocer el fiscal del Estado, Miguel Angel Godínez.
Godínez corrigió de esa manera los primeros informes, que señalaban que el religioso había muerto por disparos de arma de fuego y con un tiro de gracia en la cabeza, aunque se excusó de dar más detalles porque la investigación es por el momento secreta.
López fue sacado por la fuerza de un seminario en Ciudad Altamirano, Guerrero, el 21 de diciembre y el jueves siguiente fue encontrado su cuerpo. Ayer, la mayoría de las parroquias y catedrales de la capital mexicana y el estado de Guerrero incluyeron condenas en sus homilías por este caso.
"­Basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos", señaló por su parte unos días antes la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al exigir a las autoridades esclarecer el homicidio.
Fuente: Télam
