El gobierno de Perú anunció el sábado el retiro de su embajador en Chile, Fernando Rojas, y condicionó su regreso a las investigaciones y "las satisfacciones" que reciba sobre el posible espionaje por el que están siendo investigados tres suboficiales de la Marina de Guerra peruana.
Gutiérrez también consideró que este caso no tuvo relación con el litigio por límites marítimos que ambos países mantuvieron hasta el año pasado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
"La información no tiene que ver directamente con el caso de La Haya, coincide en el tiempo. Se trataba de información relativa al estatus de la Marina de Guerra de Perú", añadió.
El canciller reiteró que el embajador Rojas no regresará a Santiago hasta que Perú "reciba una explicación satisfactoria" del gobierno chileno sobre esta grave denuncia que lesionó las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
El ministro declinó, además, revelar el contenido de la respuesta reservada que Chile envió a una nota de protesta peruana y dijo que "quizás en el futuro podamos ver este caso en perspectiva, conocer los pasos que hemos venido dando".
El presidente de Perú, Ollanta Humala, había afirmado por su lado que su gobierno defiende los intereses de su país "con patriotismo y pulcritud" y remarcado que al ser este "un tema tan sensible" dejaba su manejo en manos de la cancillería.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, tres suboficiales de la Armada peruana fueron captados en 2006 y 2011 por presuntos militares chilenos a los que entregaron información clasificada.
Por ese motivo, el fuero militar abrió un proceso por los delitos de traición a la patria, infidencia y desobediencia al analista de información de inteligencia Alfredo Marino Domínguez, al operador de comunicaciones Johnny Richard Pilco y al técnico Alberto González, de la Marina de Guerra.
El delito de traición a la patria es penado con no menos de 20 años de cárcel, el de infidencia con un máximo de 10 años y el de desobediencia con hasta 5 años de prisión.
Perú llamó a consultas a su embajador en Chile el pasado 20 de febrero, cuando también envió una primera nota de protesta pidiendo explicaciones por el delicado episodio, que fue respondida por Chile, de manera reservada, el 3 de marzo.
La Cancillería peruana replicó el sábado con el retiro de su embajador y dijo que las acciones de espionaje están debidamente acreditadas, por lo que remitió información complementaria respecto de la que se brindó en la nota diplomática del 20 de febrero.
Tras conocerse la medida del gobierno peruano, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, señaló que se trata de "una decisión soberana" y anunció que responderá a la nota diplomática de manera reservada, "como corresponde".
No obstante, el diplomático chileno manifestó su deseo de superar la polémica con Perú. "Lo que es importante es mirar el horizonte, es decir, mirar todos los temas en común que tenemos con Perú, que son muchos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones a los periodistas.
Muñoz subrayó que Chile y Perú tienen intereses comunes en el ámbito cultural, económico, migratorio y especialmente en el político, "porque somos miembros de la Alianza del Pacífico y de otras actividades multilaterales que nos unen".
"Quisiéramos poder superar esta situación en los plazos más breves posibles", agregó el jefe de la diplomacia chilena, citado por la agencia EFE, y reiteró que Chile "no ampara ni realiza casos de espionaje".
Además, Muñoz dijo que el embajador chileno en Lima, Roberto Ibarra, seguirá en Santiago, donde fue llamado a consultas, hasta que Chile responda los nuevos requerimientos de la nota de Perú.
Fuente: Télam
