Este punto se refiere a la imposición del Congreso de Estados Unidos para aprobar el TLC que Colombia venía gestionando desde el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10) y que consiste en la prohibición de que los campesinos guarden parte de sus cosechas para utilizar como semilla a volver a sembrar, una práctica ancestral que ahora es fuertemente sancionada por el gobierno. De esta forma tienen que comprar, año a año, semillas transgénicas a empresas estadounidenses.
Los campesinos también exigen acceso a la propiedad de la tierra, lo que implica agilizar las normas de adjudicación y "detener la política de extranjerización de tierras" y el "reconocimiento a la territorialidad campesina", que significa "la delimitación y constitución inmediata de las zonas de reserva campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su consecución".
El cuarto punto del pliego contiene la exigencia de una participación "efectiva" de las comunidades y de los pequeños mineros "en la formulación del desarrollo de la política pública minera", para la cual hay una serie reclamos que van desde detener y revisar las concesiones de títulos mineros a la derogación de un decreto que "estigmatiza" a los mineros tradicionales y "desconoce que el principal daño ambiental en la región lo ocasionan las transnacionales de la gran minería".
El texto reclama además que se garanticen los derechos políticos de la población rural, lo que requiere la "adopción por parte del Estado colombiano de la convención de los derechos de los campesinos y las campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos Humanos de la ONU".
Por último, el pliego de la MIA regional exige la "inversión en la población rural y urbana en salud, educación, vivienda y servicios púbicos".
Fuente: Télam
