En las elecciones generales del 7 de junio pasado, el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), fundado por Erdogan y presidido ahora por Davutoglu, perdió la mayoría absoluta que tenía desde 2002.
El AKP y Davutoglu tienen hasta el próximo domingo 23 de agosto para conseguir una alianza en el Parlamento y formar gobierno. Si, como adelanta Erdogan, no logran hacerlo, el país tendrá nuevas elecciones a finales de noviembre.
La caída de apoyo al oficialismo se debió en gran parte al crecimiento de la alianza kurda y progresista del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que entró por primera vez en el Parlamento al superar el umbral mínimo del 10 por ciento de los votos exigido por ley.
Dos semanas después de las elecciones, un atentado golpeó una manifestación kurda y el gobierno culpó al Estado Islámico (EI), la milicia que creció en la zona con la guerra civil vecina en Siria y que, según la dirigencia kurda turca, recibió durante mucho tiempo apoyo de Ankara.
Por eso, como represalia, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla marxista e independentista que luchó durante más de 30 años contra el Estado turco, rompió la tregua que mantenía con Ankara desde 2012 e inició una nueva escalada militar.
Desde entonces, casi todos los días un ataque golpea a las fuerzas de seguridad.
Hoy, seis soldados y dos oficiales fallecieron cuando su convoy activó una bomba plantada a la vera de una ruta en la región de Sirvan, en la provincia de Siirt, en el sureste del país, según informó el Ejército en un comunicado, citado por la agencia de noticias EFE.
Además, la agencia de noticias estatal Anatolia informó hoy que 18 milicianos del PKK murieron ayer en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la provincia de Diyarbakir, el principal bastión kurdo del país, durante las últimas 48 horas.
Desde la ruptura del alto el fuego hace casi un mes, los ataques y los enfrentamientos se han vuelto un elemento cotidiano en el sureste de Turquía, donde viven la mayoría de los 15 millones de kurdos del país.
Más de 40 policías, militares y gendarmes ya han fallecido y, según el gobierno de Erdogan, los milicianos del PKK muertos ya se cuentan por cientos. Sólo en los campamentos instalados en el vecino norte de Irak, el Ejército anunció haber matado a 400.
Pero el conflicto armado avanza sobre todo en el territorio turco.
Varios gobernadores del sureste de mayoría kurdo impusieron un toque de queda en los últimos días ante lo que describieron como una avanzada del PKK para declarar esa región "autónoma" del poder central de Ankara.
Según la información oficial en Turquía, el PKK ha declarado "autónomas" 12 localidades, incluida Lice, con unos 10.000 habitantes, y Silvan, con unos 40.000, y ha levantado varios puestos de control en las rutas de la zona.
Pero lo cierto es que el toque de queda se ha traducido en un bloqueo a la prensa y no existe información no estatal sobre lo que está sucediendo en esa región, la misma en la que la alianza kurda y progresista del HDP arrasó en las elecciones pasadas.
Pese a que este creciente clima de tensión política y militar se concentra en el sureste del país, el resto del territorio no es ajeno a lo que pasa allí.
Dos personas lanzaron hoy una granada de mano y dispararon contra una una garita policial ubicada en la entrada del palacio Dolmabahce, uno de los puntos más turísticos de la parte europea de la megalópolis del Bósforo y una de las sedes del primer ministro en Estambul.
En el momento del ataque, que no dejó ninguna víctima, Davutoglu estaba en Ankara.
La policía dijo logró detener rápidamente a los dos atacantes, que tenían en su poder varias armas automáticas y granadas de mano, pero no los identificó ni dio informaciones sobre su filiación.
Ningún grupo armado reivindicó el ataque, aunque varios medios locales apuntan a que los detenidos son militantes del marxista-leninista Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP/C), el mismo grupo armado que tomó como rehén y luego asesinó a un fiscal en los Tribunales de Estambul en marzo pasado.
El fiscal investigaba, sin demasiado éxito, una sangrienta represión estatal contra manifestantes en 2013.
Fuente: Télam