"La Procuraduría General de la Nación considera que hay bases para probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana", sostuvo Santos en un mensaje que dirigió esta noche al país.
El mandatario explicó que, de producirse, la querella será dirigida contra "miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma".
Entre esos delitos mencionó "la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional".
El 19 de agosto, tras un incidente armado que dejó cuatro heridos en una ciudad limítrofe con Colombia, Venezuela cerró la frontera común y dos días después decretó el estado de emergencia -que suspende las garantías constitucionales- en la zona.
En ese contexto, entre el 22 y el 26 de agosto expulsó de su territorio a más de 1.000 colombianos.
Autoridades de Colombia denunciaron que esas personas debieron regresar con lo puesto, dejando sus enseres en Venezuela, y que varios de ellos fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.
Santos lamentó que la iniciativa colombiana de convocar a una reunión de cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) fuera rechazada ayer en la votación del Consejo Permanente del organismo.
Adelantó que la cancillería llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría General y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
"Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible", aseguró Santos.
La semana pasada, en al menos dos ocasiones, Ordóñez dijo que la Procuraduría estaba recopilando información sobre el comportamiento de militares venezolanos para presentar una denuncia ante la CPI porque, según los datos que tenía hasta entonces, cometieron "claros delitos de lesa humanidad".
Fuente: Télam