En rigor, expertos de la CIDH trabajan desde hace tiempo en la investigación no sólo de la desaparición y presunta masacre de los 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, sino en la violencia que envuelve a México por distintas causas.
Si bien miembros de la CIDH estarán presentes en la entrevista que el próximo jueves 24 de septiembre concedió el presidente Enrique Peña Nieto a los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, la visita del pleno del organismo, por invitación del gobierno mexicano, se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Sobre el hecho puntual de los 43, un informe presentado a principios de este mes puso en jaque la hipótesis oficial que planteó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), que indica que los estudiantes fueron atacados por policías que respondián al alcalde José Luis Abaca, hoy detenido, y luego los entregaron a gente del cartel Guerreros Unidos para que los asesinaran a hicieran desaparecer incinerándolos en un basurero de Cocula, localidad lindera a Iguala.
Los expertos de la CIDH, entre los que están la ex fiscal colombiana Angela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz, pidieron un peritaje al experto peruano José Torero -quien participó en estudios tras el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001- que estableció que en el lugar no hubo un incendio como para quemar 43 cuerpos.
"Hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones de los inculpados. Ese evento (la quema en Cocula), tal y como ha sido descrito, no pasó", dijo el español Carlos Beristain, otro de los integrantes de ese grupo. De acuerdo a la estimación de Torero, para incinerar 43 cuerpos deberían haberse utilizado 30 toneladas de madera y el fuego tuvo que arder por 60 horas, generando un humo de 300 metros, lo que habría llamado la atención en la zona.
La CIDH, por otra parte, adjudicó responsabilidad por los hechos a fuerzas federales, lo que empalma con los testimonios de los sobrevivientes del ataque de Iguala, que iban en otros micros, que hablaron en reiteradas oportunidades de la participación o connivencia de efectivos del Ejército.
Los expertos señalaron un gran número de fallas en la investigación y dijeron que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados, lo cual pone más presión al gobierno de Enrique Peña Nieto en un caso que despertó indignación mundial.
En otra muestra de la repercusión negativa de la situación interna de México, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) pidieron el último miércoles al gobierno mexicano que cumple con las recomendaciones del grupo interdisciplinario de la CIDH sobre la masacre de Iguala.
En concreto, los expertos de la ONU "alentaron al gobierno mexicano a implementar todas las recomendaciones" de la CIDH "sobre las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas cometidas en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa" el 26 de septiembre de 2014.
Fuente: Télam
