De acuerdo a la decisión de este Consejo de ministros, los traficantes de seres humanos que operen en el ámbito comunitario se verán confrontados con penas de reclusión de al menos 8 años e incluso se les podría prohibir seguir ejerciendo su actividad legal, normalmente el transporte por carretera.
"La UE se fija como objetivo evitar que el o las personas en cuestión operen en el esquema de una organización criminal que ponga en peligro la vida de sus víctimas al hacerles cruzar de manera ilegal por cualquier frontera comunitaria". (Télam-SNI)