La propuesta de acusación, planteada contra Sánchez de Lozada, y quien fue su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, busca una compensación económica por los daños personales causados por la represión ordenada por autoridades bolivianas que dejó un saldo de 46 muertos y más de 400 heridos.
"La defensa expone que el juez Cohn está intentando hacer ver que en Bolivia habrían acciones civiles pendientes de resolución, por lo que, mientras eso no suceda, no proceda el juicio en Estados Unidos", informó Mayta.
Los demandantes son nueve ciudadanos bolivianos, familiares de ocho personas asesinadas por el Ejército de Bolivia durante las protestas de octubre de 2003 en contra de los planes del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas natural de Bolivia a Estados Unidos y México a través de puertos de Chile.
Adicionalmente, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Gurrero, explicó hoy a los periodistas que en dos semanas viajará a Estados Unidos para presentar una segunda solicitud de extradición en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
El gobierno de Estados Unidos se negó ya en septiembre de 2012 a extraditar a Sánchez de Lozada. "La sociedad civil no puede ser responsable de las acciones militares", respondió Washington en dicha oportunidad.
Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia de 1993 a 1997 y luego de 2002 a 2003, cuando renunció a su cargo debido a las protestas callejeras, pese a la dura represión militar de la que ahora deberá responder en Estados Unidos junto a Sánchez Berzain.
Fuente: Télam
