El empresario había omitido en una primera declaración el dato de la presunta coima a Cunha, pero incorporó el dato en un segundo testimonio.
Preta explicó que su cliente no habló del tema en la primera oportunidad porque "temía llegar al presidente de la Cámara de Diputados", pero luego develó el dato para no poner el riesgo el acuerdo de colaboración que había alcanzado con la justicia en pos de beneficiar su propia responsabilidad.
"Un colaborador no puede omitir hechos ni mentir", explicó la abogada, quien aseguró que todos sus clientes han aportado pruebas que fundamentan sus acusaciones, en declaraciones al programa Jornal Nacional.
Cunha, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) pero que días atrás anunció que aunque se mantiene dentro de su partido deja de integrar el oficialismo, fue acusado por la abogada Preta de perseguir a quienes lo denunciaron como parte de la cadena de sobornos establecida en Petrobras.
"Que una abogada de defensa sea blanco de ataques políticos es una inversión de valores gravísima", sostuvo e insistió en que teme sufrir "algún tipo de violencia" por su actuación en un caso que implica a decenas de grandes empresarios y a medio centenar de dirigentes políticos. Por esta razón, explicó que decidió dejar de trabajar en la causa sobre Petrobras y que planea abandonar la profesión.
En un escrito otros abogados patrocinantes de imputados en el caso de Petrobras coincidieron con Catta Preta y acusaron a Cunha de actuar con "métodos gangsteriles" contra quienes lo acusan de haber recibido 5 millones de dólares para facilitar un contrato con la petrolera.
La letrada recibió hoy el respaldo de la influyente Orden de Abogados de Brasil, que cuestionó al diputado Cunha, mientras la Cámara de Diputados divulgó una nota en la que rechaza las acusaciones contra su titular.
Por su parte, el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Petrobras, Hugo Motta (PMDB-PB), reafirmó hoy que se mantiene el testimonio de la abogada Beatriz Catta Preta y desvinculó la denuncia de Preta de los llamados que la CPI defendió esas gestiones.
"La petición de llamada es una aplicación que está dispuesto por la ley, establecido por el Reglamento Interno de la Cámara y no constituye ninguna amenaza. El IPC no amenaza. Investiga ", dijo el legislador, en declaraciones que reproduce la estatal Agencia Brasil.
Motta dijo que estaba sorprendido las declaraciones del abogado acerca de las amenazas y la evaluación de la entrevista como una tentantiva de "victimización para ocultar actos ilegales". "El IPC no admitirá estas conclusiones", añadióm, sino que "continuará su trabajo, continuará la investigación. Esta victimización no nos va a intimidar. ¿Quién tiene que proporcionar información sobre las amenazas recibidas y ahora es el IPC puede ser grande escenario para que dijera quienes esta amenaza", agregó.
Cunha, en tanto, aseguró que no teme ser procesado y prometió "seguir adelante" con su iniciativa de investigar a la abogada y promover el impeachment para destituir a Rousseff.
En este clima enrarecido, el Instituto Lula, denunció un ataque explosivo contra su sede, en San Pablo, ocurrido en la noche del jueves, y lo calificó como "un ataque político".
Según puede verse en la filmación de las cámaras de seguridad del Instituto que fundó y dirige el ex presidente desde 2012 registraron el momento en que, a las 22, desde un vehículo arrojaron contra el frente de la sede un artefacto explosivo que no provocó víctimas pero si daños.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, ordenó una investigación del ataque sobre el edificio ubicado en el barrio paulista de Ipirang, en tanto que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Miguel Rossetto, consideró el hecho como "inaceptable" y "una agresión a nuestra democracia".
Fuente: Télam
