Hace una semana el gobierno saudita lanzó una masiva campaña de búsqueda y detención de inmigrantes sin papeles, luego que venciera el período de gracia que había otorgado hace siete meses para que todos los trabajadores extranjeros regularizaran su situación legal.
Según cifras del Departamento de Visados, después de los siete meses de gracia, 1,7 millones de trabajadores lograron regularizar su situación legal, mientras que 951.000 no lo consiguieron y deberán ser deportados.
Durante la primera semana, el gobierno ya arrestó y encerró en un centro de detención temporal a más de 20.700 personas que trabajaban como mano de obra barata. Muchos de ellos ya fueron deportados a sus países de origen, generalmente en el sur de Asia, Africa y Yemen.
Según el vocero de la Policía de Riad, Naser al Qahtani, sus oficiales llegaron ayer por la noche al barrio de Al Manfuha para detener a los cientos de inmigrantes sin papeles que sabían que vivían allá y que están dentro de la lista de los que deben ser deportados.
Según el último censo de 2010, más de nueve millones de extranjeros viven codo a codo con 29 millones de sauditas
Los trabajadores, en su mayoría etíopes, se resistieron y comenzaron a lanzar piedras contra los policías.
Según gritaban, el gobierno había rechazado y obstaculizado todos sus intentos por regularizar sus situaciones migratorias, por lo que se negaban a entregarse.
La policía saudita cargó contra ellos, lo que provocó el saldo de al menos dos muertos y cerca de 70 heridos.
Cuando finalmente se rindieron, 561 fueron detenidos, según fuentes policiales.
El gobierno saudita defiende su política de mano dura contra los inmigrantes sin papeles con el argumento de que el desempleo en ese país árabe ya supera el 12 por ciento.
Según el último censo de 2010, más de nueve millones de extranjeros viven codo a codo con 29 millones de sauditas.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que la política de inmigración saudita, basada en el sistema de patrocinio donde cada trabajador es invitado por un empleador y luego no puede cambiarlo, no apunta a elevar el nivel de empleo nacional, sino a garantizar la explotación de los extranjeros.
Fuente: Télam
