La UP se fundó a partir del cese del fuego acordado por las FARC con el gobierno de Belisario Betancur (1982-86) y tuvo una buena recepción entre el electorado.
En las elecciones de 1986, en las que se impuso Virgilio Barco, Jaime Pardo Leal quedó tercero con 4,6 por ciento de los votos. Pero en las legislativas obtuvo cinco senadores, nueve representantes a la Cámara (diputados), 14 diputados departamentales, 351 concejales y 23 alcaldes.
El gobierno de Barco (1986-90), que había producido una apertura con propuestas sociales, se enfrentó rápidamente con los
sectores más conservadores de la política y el Ejército.
Al mismo tiempo, a raíz del resultado electoral se incrementó la presencia de grupos paramilitares y uno de sus jefes, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, inició una cruzada personal contra los miembros de la UP, a los que acusaba de ser el brazo político de las FARC, que ya se habían distanciado de esa fuerza legal.
Con el argumento de defenderse del secuestro y el robo de ganado, Rodríguez Gacha inició el asesinato sistemático de los integrantes de la UP, de cualquier rango. Comenzó con masacres de campesinos que reclamaban mejoras laborales y continuó con el asesinato selectivo de los dirigentes. Luego se le sumaron otros grupos paramilitares y fuerzas regulares del Estado colombiano.
"En total, entre 1986 y 1990 fueron asesinados dos candidatos presidenciales -Pardo Leal y Bernardo Jaramillo-, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de militantes", señala el Informe General del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estimaciones extraoficiales elevan ese exterminio a 5.000 víctimas.
Con el argumento de defenderse del secuestro y el robo de ganado, Rodríguez Gacha inició el asesinato sistemático de los integrantes de la UP, de cualquier rango
"Los asesinatos fueron perpetrados por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular), muchas veces en alianza con los narcotraficantes, según lo han documentado los fiscales de Justicia y Paz", agrega el reporte de Memoria Histórica.
No obstante, a pesar de la pérdida de representación política, la UP resistió el embate de la violencia y se presentó a elecciones en 1990. Obtuvo tres senadores, cuatro representantes a la Cámara, 24 diputados regionales, 12 alcaldes y 257 concejales.
Estas cifras, aunque demostraban una reducción de su representación política en el Congreso de la República, confirmaban su estabilidad en los ámbitos local y regional, en los que habían sido elegidos 10 diputados, 15 alcaldes y 261 en los comicios de 1988.
La inmensa mayoría de esos homicidios sigue impune. Se condenó a autores materiales en algunos casos, pero no a los
autores intelectuales, a pesar de la gran cantidad de testimonios de sobrevivientes y de familiares de víctimas sobre la participación de paramilitares, narcotraficantes y miembros de las fuerzas de seguridad.
En julio de este año el Consejo de Estado restituyó a la UP la personería que se le había retirado por no presentarse a las elecciones de 2002, con lo cual está habilitada para presentarse en los comicios de 2014. Algo que dependerá de las negociaciones, siempre complejas, de las agrupaciones de la izquierda colombiana.
Por lo pronto, a partir del antecedente del exterminio de la UP, los negociadores de las FARC acordaron con el gobierno incluir
en el segundo punto de las negociaciones de La Habana -ya aprobado- los "derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final".
Fuente: Télam
