El yerno del rey indicó que "por el contrario, cuando tuvo conocimiento de la existencia de reproches políticos a las Administraciones públicas contratantes, la Casa del Rey me trasladó las recomendaciones oportunas para que dejara de realizar las actividades que no consideraba adecuadas para mi ´status´ institucional, y así lo hice".
No obstante, Urdangarín insistió en que las actividades que realizaba en Nóos eran "lícitas y transparentes", al tiempo que puso en cuestión la veracidad de los correos electrónicos entregados a la justicia por su ex socio, Diego Torres, que comprometen tanto a él, a su esposa, la Infanta Cristina y a su yerno, el rey Juan Carlos.
Casi un año después de testificar por primera vez ante la justicia, Urdangarín regresó a los juzgados de Palma de Mallorca para responder a las preguntas del juez José Castro, quien se encuentra en al recta final de la investigación sobre el Instituto Nóos.
Castro instruye desde finales de 2011 una causa contra Urdangarín y su ex socio Diego Torres por haber desviado a paraísos fiscales unos seis millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, que fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos, una entidad sin fines de lucro.
De acuerdo con la investigación, los contratos para la organización de 5 eventos (Illes Balears Forum y Valencia Summit), fueron otorgados por ambos gobiernos regionales, en manos del derechista Partido Popular (PP), sin que mediara concurso ni licitación.
Además de malversación de fondos públicos, Urdangarín y Torres afrontan otros delitos como falsedad documental y evasión fiscal.
Hace una semana Torres declaró ante el magistrado Castro que la Casa Real "supervisaba" las actividades de la Fundación Nóos y entregó nuevos correos electrónicos que apuntan a que el rey estuvo involucrado como mediador en al menos dos negocios del Duque de Palma que finalmente no se concretaron.
Según Torres, tanto la Infanta Cristina como su asesor, Carlos García Revenga, tenían un "papel de control" en la Fundación Nóos.
Revenga declarará esta tarde. Su implicación en el caso de corrupción supondrá un giro cuyas consecuencias serán muy graves para la monarquía, que busca desvincularse del escándalo.
Por su parte, Urdangarín exculpó a la Corona de las actividades de Nóos, pero dio respuestas poco convincentes sobre los correos electrónicos entregados por Torres, según fuentes judiciales.
La defensa de Urdangarín anunció que impugnará esos correos, es decir, pondrá en cuestión su veracidad.
Al igual que ocurrió hace un año, el Duque de Palma fue recibido a las puertas de los juzgados por decenas de manifestantes republicanos entre gritos de "chorizo" (chorro) y otros insultos.
"No estamos todos, falta la Infanta", coreaban los presentes, en referencia a que la hija del rey no ha sido imputada. "No hay dos sin tres, República otra vez", era otro de los lemas de los manifestantes.
La declaración de Urdangarín tiene lugar en una fecha simbólica, el 23F (23 de febrero), coincidiendo con el aniversario del fallido golpe de Estado de 1981, momento en el que el rey Juan Carlos se ganó el respeto de los españoles al ponerse del lado de la democracia cuando militares irrumpieron en el parlamento español, a pesar de haber sido designado como sucesor por el dictador Francisco Franco.
Más de 30 años después, la popularidad del monarca cayó (del 76,4% al 50,1%) a raíz de los escándalos de corrupción y el polémico viaje de caza de elefantes a Botswana, según un reciente sondeo publicado por el diario El Mundo, días antes de su 75 cumpleaños.
También el apoyo a la monarquía cayó hasta un 54%, mínimos históricos. En un momento especialmente crítico, con uno de cada cuatro trabajadores desocupados, España se encuentra convulsionada por la corrupción política que salpica a la monarquía y también al gobernante Partido Popular (PP).
En este contexto de crisis económica y política, miles de personas están llamadas a salir hoy a la calle para protestar contra el "golpe de Estado financiero" en todo el país.
Fuente: Télam