La Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, objetó el procedimiento seguido por Uribe para establecer las "zonas de rehabilitación del orden público", así como las atribuciones, entre ellas la facultad de policía judicial entregada a las Fuerzas Militares en dichas áreas.
Según el tribunal, el jefe de Estado incurrió en vicios de forma, al expedir un decreto, sin la firma de todos sus ministros, ordenando la creación de las dos áreas especiales de seguridad. (Télam-SNI)
