El importe de las regalías mineras equivale al 3% del valor de mineral extraído. A partir de la ley provincial 716-M, sancionada en diciembre de 2000, el 12% del total tenía que ser destinado a la Dirección de Minería, que lo debía usar exclusivamente para "la tarea de verificación y control, especialmente las acciones dirigidas a la preservación del ecosistema", una función a cargo de la Policía Minera.
Ese presupuesto destinado a controlar a las mineras sufrió un primer recorte en diciembre de 2013, cuando se rebajó al 10% del total de las regalías. Y el 20 de mayo pasado, la Legislatura provincial aprobó la ley 1.301-M, que redujo drásticamente los ingresos de la Policía Minera, ya que abrió la posibilidad de que el 35% de sus ingresos sean aplicados "a cubrir las ayudas económicas, asumidas por el Ministerio de Minería con el fin de promocionar la actividad minera de San Juan, en materia deportiva, social, cultural y educativa, autorizado por decreto del Poder Ejecutivo".
En pocas palabras, en los últimos años la Policía Minera sufrió primero un merma del 16,66% de su presupuesto y luego una segunda baja del 35%, y el dinero se usó para hacer propaganda pro-minería en distintos eventos. De hecho, la última ley, la 1.301-M, autorizaba al Ministerio de Minería a disponer de 20 millones de pesos de las regalías mineras para promoción. El diputado Sanso cree que buena parte de ese dinero se destinó a financiar la llegada de la Selección argentina de fútbol a la provincia.
"Yo sé con certeza que el dinero se usó para llevar a la Selección a San Juan y para pagarles a corredores de autos. Como hay connivencia entre las mineras y el Ministerio de Minería, gastaron las regalías en cualquier cosa y relajaron los controles. Por eso las empresas no invierten en mantenimiento", sostuvo Sanso, del opositor Partido ACTUAR.
"La Policía Minera tiene 8 inspectores para controlar cuatro proyectos que están siendo explotados y los más de 80 que hay en exploración. De esos, tres no pueden subir a la montaña por problemas de salud. Ellos vienen reclamando que se sumen más inspectores, pero les dicen que no hay dinero", remató. Infobae intentó confirmar esta afirmación con la Secretaría de Minería, pero hasta el cierre de esta nota no hubo novedades.
En plena discusión de la última ley que desfinanció a la Policía Minera, el Partido ACTUAR emitió un comunicado en el que incluyó un caso concreto de un supuesto daño ambiental que los organismos de control no pudieron detectar: en noviembre del año pasado, la minera Glencore denunció en la Justicia Federal de San Juan que la minera Los Pelambres, de Chile, montó una escombrera de 50 millones de toneladas de roca estéril del lado argentino, que con el agua de lluvia o deshielo podría generar ácido de roca, que es el líquido contaminado con los minerales de las rocas que están en los ríos y que puede convertir al agua de un cauce en no potable. La presentación, además, incluyó otras acusaciones, como el depósito de neumáticos en la escombrera, también prohibido por ley. "Estas irregularidades no fueron advertidas por los inspectores del Gobierno", advirtieron desde la oposición, a modo de ejemplo.
En Veladero hubo falta de mantenimiento: la válvula en la que se produjo la fuga había cumplido su ciclo vital y no fue repuesta. Sin embargo, también falló el plan de emergencia, ya que la solución derramada debería haber terminado en una pileta de contingencia, pero una compuerta que debía estar cerrada estaba abierta, por lo que el líquido con el cianuro que se usa para separar la roca del mineral fue a parar al río.
Luego del derrame, desde la oposición intentaron que el ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, concurra a la legislatura a ventilar las dudas de los diputados, pero la enorme mayoría oficialista bloqueó la iniciativa. Una de las preguntas que queda en el aire es por qué el gobierno de José Luis Gioja, que según Barrick Gold fue informado a las pocas horas de detectada la fuga, se demoró en brindar certezas a la población. El mandatario incluso suspendió una charla auspiciada por la empresa canadiense sobre minería sustentable que iba a dar hoy en la Ciudad de Buenos Aires.
Sanso cree que la consecuencia de lo ocurrido es la pérdida de licencia social que, en principio, la minería tenía en San Juan. Los datos son más que contundentes: en Jáchal, una ciudad de unos 10 mil habitantes, más de 6 mil personas participaron de una protesta el viernes pasado. Veladero era para Barrick Gold su yacimiento más seguro, un ejemplo de minería sustentable. Por eso los ambientalistas creen que es el momento de retomar una lucha que parecía enfriada.
Por: Juan Pablo Parrilla [email protected]
Fuente: infobae.com
