En un documento elevado a la Suprema Corte de Justicia bonaerense se imputó a la policía provincial la comisión "de gravísimos desbordes en el ejercicio de la coacción estatal".
"La represión de hechos delictivos es en sí legítima, cuando se la efectúa por medios legítimos, mientras que el gatillo fácil, las ejecuciones con sello policial, la proliferación de la tortura y del hacinamiento carcelario, constituyen prácticas de terror", denunciaron. (Télam)