"Vamos a empezar más temprano buscando lograr la definición que se está buscando. No me puedo explayar mucho porque soy un funcionario recusable, pero hubo una discusión muy rica y eso hizo que el jurado se demorase más de la cuenta", explicó Jiménez al salir de la sesión que duró casi cuatro horas.
La audiencia se realizó en el salón Dorado del Senado provincial y fue encabezada por la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, quien preside el cuerpo, integrado por once miembros.
"La discusión fue sobre algunos de los puntos de los once cargos que se le imputan al juez Sal Lari, pero no puedo decir cuáles. Al estar al frente la presidente de la Corte, a veces las discusiones jurídicas se van alargando", señaló Jiménez.
El secretario de Enjuiciamiento de Magistrados explicó que en estos casos "la demora se debe a que si no se respetan los procedimientos, después puede haber nulidades en el juicio".
El jury que se reunirá nuevamente el martes resolverá si existen elementos para continuar con el proceso, luego de haber analizado las acusaciones de la Comisión Bicameral y la defensa del juez, que rechazó los cargos en su contra y consideró que su actuación se ajustó a la ley vigente.
En caso de que el jurado admita las acusaciones, Sal Lari será separado del cargo en forma provisoria, y se le embargará un 40% de su sueldo hasta que se decida si finalmente se lo destituye o no.
En una sesión realizada el 16 de febrero, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios aprobó por mayoría acusar a Sal Lari.
Los legisladores analizaron once expedientes en los que el juez fue denunciado por las Madres del Dolor, entre otros, y resolvieron acusarlo por presunto mal desempeño en cuatro, mientras que por unanimidad desestimaron el resto.
Uno de los que se rechazó era el impulsado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien cuestionó a Sal Lari por haber liberado a un delincuente que poco después, en julio de 2008, mató al ingeniero Carlos Regis en su casa de Béccar.
Según informó la Comisión, uno de los casos por el que se acusa al magistrado es por haber denegado la exclusión del hogar a un padre que había sido denunciado por el abuso sexual de su hija de 12 años, hecho que venía ocurriendo hacía seis años.
Sin embargo, al presentar su defensa, el juez explicó que la niña había sido retirada del domicilio por una jueza de menores, que era quien tenía competencia en el caso, y que el padre fue absuelto.
Es que el fiscal acreditó en el juicio que la madre había realizado una falsa denuncia para quedarse con la casa de su pareja y que el abuso no había ocurrido. La sentencia está firme y la madre fue procesada.
Otro de los hechos por el que se cuestiona al magistrado es la libertad de un delincuente que robó a una pareja, en momentos en que cumplía un arresto domiciliario impuesto por un tribunal de La Matanza.
Al juez también se lo acusa de haber concedido –recién tres días después de solicitado por la fiscalía– un allanamiento en un caso por venta de estupefacientes.
Pero el magistrado explicó que autorizó el operativo el mismo día (un viernes) y que se concretó el lunes porque no coincidía con la fiscalía en que se hiciera de noche.
El último caso es una denuncia debido a que la Cámara de San Isidro dispuso la libertad de un detenido, que debía hacer efectiva Sal Lari, pero que se concretó siete meses después, cuando el imputado hizo un reclamo.
El juez asegura que libró la orden a la comisaría y que no se le puede imputar no haber vigilado la tarea que debía cumplir otro funcionario.
Pese a las múltiples imputaciones, la procuradora general ante la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, desistió de acusar al juez y varios organizaciones vienen expresando su apoyo a Sal Lari y manifestaron su preocupación por el avance del enjuiciamiento.
El magistrado es apoyado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Pensamiento Penal, la Federación Judicial Argentina, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires.(Infobae)
