En una audiencia que llevaron adelante los camaristas federales Horacio Catanni, Eduardo Farah y Martín Iruzun, el abogado Rodolfo Yanzón reclamó a los magistrados que revoquen ese pronunciamiento y dicten el procesamiento del ex mandatario.
El letrado sostuvo que "existe un deber especial del Estado, que es el garante de los derechos fundamentales" y que "tiene el deber de protección y, en consecuencia, una obligación especial frente a sus ciudadanos y posee frente a ellos un poder de lesión especial".
"Se lesiona el deber de protección con una orden antijurídica, con una omisión o con una acción que generen un resultado dañoso antinormativo" explicó Yanzón para concluir que De la Rúa "se hallaba en posición de garante de los derechos de los ciudadanos".
"Ante los hechos de carácter extraordinario que comenzaron a producirse durante las últimas horas del 19 de diciembre, luego del dictado del estado de sitio, debió haber puesto mayor empeño y celo en esa posición de garante", argumentó.
No obstante "estuvo prescindente y su omisión fue causa de una multiplicidad de crímenes que agentes policiales cometieron durante unas veinte horas".
El 7 de abril último el juez federal Claudio Bonadío sobreseyó a De la Rua en la causa en la que se lo investigaba por cinco "homicidios culposos" ocurridos el 20 de diciembre en la jornada que culminó con su renuncia.
Esa resolución también fue apelada por el fiscal Luis Comparatore quien sostuvo que "parece imposible de creer que ante tamaña situación (de descontrol) el entonces primer mandatario fuera absolutamente ajeno a lo sucedido".
El fiscal sostuvo que a De la Rúa "le corresponde responsabilidad omisiva a título de negligencia, pues debía poner mayor celo en su carácter de último comandante de las fuerzas de seguridad, por más que su función no fuere operativa".
Bonadío había procesado a De la Rúa en 2007 por considerarlo autor del delito de "homicidio culposo" de cinco manifestantes que reclamaban en inmediaciones de Plaza de Mayo y el Obelisco porteño.
Posteriormente la Cámara Federal revocó el procesamiento y dispuso una serie de medidas de investigación que, al no poder permitir probar nada nuevo, llevaron al magistrado a dictar el sobreseimiento de De la Rua.
El 20 de diciembre de 2001 murieron en inmediaciones de Plaza de Mayo y Obelisco los manifestantes Alberto Marquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos "Petete" Almirón y Gustavo Benedetto y se registraron centenares de heridos.
